PROGRAMA, PROGRAMA, PROGRAMA

Cuando Julio Anguita machacaba, (desde el ejercicio de responsabilidad que le caracterizaba en la política activa, como lo hace hoy en su iniciativa SOMOS MAYORÍA), en la importancia y centralidad del Programa, no hace más que creerse que es éste un proyecto de creación de una voluntad colectiva, que aspira a ser la concreción de la soberanía del pueblo, en respuesta a cada circunstancia de la realidad de un país, fruto de un análisis, de unos valores, de unos objetivos, de una estrategia, y, aunque algunos hoy lo discutan, de una ideología.

Los medios de comunicación, de forma interesada, frivolizaban ese mensaje, porque siempre apuestan por una democracia en la que el ciudadano no tenga control alguno de lo que realmente se decide, porque no creen que la gente puede pensar, tener ideas y propuestas sobre como organizar su vida colectiva.

La verdadera estafa democrática, la más sustancial es precisamente esa costumbre asumida de no valorar ni las propuestas programáticas, ni normas imperativas para establecer su carácter vinculante. Esta es la raíz del estado de indefensión, de la ausencia de democracia real, que además se complementa con sistemas electorales que eliminan la responsabilidad directa del elegido ante sus electores concretos, e impiden que las instituciones sean reflejo fiel de la voluntad de los votantes, incluso en el aspecto formal de la proporcionalidad e igualdad de posibilidades de las opciones partidarias.

Democracia, matemáticamente, es igual a Programa+Programa+Programa. Es la suma de un programa elaborado colectivamente, elegido de forma totalmente transparente, porque es el centro del debate electoral y porque el sistema electoral garantiza que va a ser elegido el que tenga mayor respaldo de los votantes, y, por último, porque está garantizado por la ley su fiel cumplimiento y la responsabilidad de los elegidos para llevarlo a cabo.

Julio ha insistido mucho, sobre todo, en el primer aspecto. IU y el 15M en el segundo, en la reforma de la ley electoral. Está mucho menos propuesto y debatido el tercero y fundamental aspecto: ¿Cómo evitamos las continuas estafas electorales? ¿Qué mecanismos son posibles y adecuados establecer desde el derecho?. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del programa? ¿Qué derechos y obligaciones derivan del llamado contrato electoral? ¿Son los programas, contratos públicos o privados?

El programa electoral no es un contrato individual con cada votante del partido que lo propone, ni es de carácter civil, es decir, acordado entre dos partes, donde una, la que lo aprueba y vota pueda exigir individualmente su cumplimiento. Entre otras cosas porque nadie puede, ni debe, demostrar que ha sido parte en el mismo, es decir que ha votado al partido incumplidor. Las normas que se establezcan van a proteger el mayor interés social que es la propia limpieza democrática, la interdicción de la arbitrariedad de los elegidos. Es decir el bien jurídico protegido es la propia democracia, la soberanía popular, que es algo indisponible individualmente, pues es una bien público esencial.



Las normas que garanticen la protección de ese gran bien público esencial tienen que ser ágiles, automáticas, imperativas, coercitivas, punitivas; es decir no disponibles, no sujetas a discrecionalidad. Tienen que ser, por tanto, de derecho público, no privado. Una combinación de normas administrativas y penales. Si ya tenemos normas para ordenar el territorio, el medio ambiente, la salud laboral, etc, con más razón para proteger la limpieza democrática, la realidad y efectividad de la voluntad popular, que es el germen de todas las normas, del poder legislativo y de todos los poderes que han de residir efectivamente en el pueblo para que sean los elegidos los que obedezcan a los electores; para que ningún ciudadano, como hoy ocurre, se vea obligado a obedecer leyes que no emanan de la soberanía popular, sino del capricho interesado de unos poderes ocultos e incontrolados.

Esta es un avance de propuesta de los mecanismos de cambios legislativos concretos de la Ley de Electoral, la Ley de Partidos Políticos y del Código Penal:






Sin perjuicio del cambio de sistema de reparto y otras cuestiones ya planteadas por el 15M y los partidos perjudicados por el sistema actual, este sería el texto de dos artículos nuevos en la Ley Electoral:


"Los partidos, junto a sus candidaturas, deberán presentar ante la Juntas Electorales de Zona, Provinciales y Central, copia detallada del programa electoral que aborde todas propuestas de medidas vinculantes que sean de competencia de la institución cuyos cargos vayan a ser elegidos.
(Se podrían establecer propuestas de medidas vinculantes condicionadas)

Propuesta una medida por un partido, los demás deberán dejar constancia de su posición coincidente o alternativa sobre esa medida en su respectivo programa, diez días antes del cierre de la campaña electoral".

"Los partidos no podrán modificar sus posiciones ni votar en contra de ellas, salvo que al hacerlo estén cumpliendo con los resultados de referendum vinculante convocado al efecto".

Este sería el texto de un nuevo artículo de la Ley de Partidos Políticos:

"Con independencia de la responsabilidad penal de los cargos elegidos, será causa de ilegalización la votación mayoritaria de un partido contraria al cumplimiento de su programa electoral, en aquellos aspectos de se reflejen con carácter vinculante e incondicionado".
(Se podrían establecer medidas vinculantes condicionadas)

Nuevo delito de Estafa Electoral "Se castigará con pena de …. a … años de cárcel e inhabilitación para el ejercicio de cargo público de … a ….años a los candidatos electos que voten en contradicción con los programas electorales, depositados ante la Juntas Electorales correspondientes al ámbito de su elección".

La pena será de inhabilitación de , si se incumplen las propuestas programáticas vinculantes condicionadas, cuando la condición esté cumplida
(Se podrían establecer medidas vinculantes condicionadas)

La aplicación de estas normas supondrían un cambio en la conciencia ciudadana, una mayor responsabilidad del votante y de los partidos, un desvío de la identificación del ciudadano con siglas o liderazgos hacia las políticas concretas. Los ciudadanos tendrían el control de los gobiernos, y de las políticas que se aplican, eliminando las posibilidades de intervención de los poderes financieros en las decisiones.

Esta propuesta es, sin menospreciar otras muy relevantes sobre la reforma de la ley electoral, de un calado esencial, entendible por cualquier ciudadano sea cual sea su adscripción política inicial..

Sin este arma en manos de los ciudadanos, el prestigio de los políticos y de la actividad política seguirá descendiendo hasta servir de caldo de cultivo de "soluciones" totalitarias. El fascismo será sólo cuestión de tiempo o de encuentro de una oportunidad favorable. En realidad el fascismo, en este caso financiero, ya es una realidad papable y evidente.


El debate sería sobre todo de programas, de propuestas muy concretas, planteamientos muy sensatos que otros deberían asumir o no. La política sería algo más que elegir siglas, líderes o lemas y diseños publicitarios. Tendrían que mojarse todos y los poderosos no tendrían opciones de manipular a sus políticos lacayos.
La reforma del Código Penal, la Ley Electoral y la Ley de Partidos, sería en realidad un ruptura, un germen de cambios sustanciales. Si, además, introducimos las listas desbloqueadas para poder elegir dentro de cada lista electoral a las personas que creemos mejores dentro de cada partido, los aparatos de los partidos pierden todo su poder de coacción y chantaje a los mejores, que son los que se mueven dentro para cambiarlos y siempre terminan perdiendo. Por eso los partidos no se renuevan a mejor sino a peor, hacia el control de los más obedientes mediocres. Si además cambiamos la circunscripción electoral para que sea toda la comunidad autónoma en lugar de la provincia, y se crea un “colegio de restos” donde irían todos los votos que no sirvan para conseguir representación dentro de la circunscripción, dejando un 10% de los cargos a elegir, el sistema sería cuasi perfecto, Es decir, proporcional y con mecanismos de democracia externa a/de los partidos que los renovaría permanentemente.

Pero reitero que, antes, es fundamental y prioritario atajar las responsabilidades de los que juegan con nuestras vidas sin control, con los cambios que tienen su cierre en un delito de estafa electoral, la última ratio penal. El debate de fondo es la existencia o no de la soberanía popular, y la clave proteger la formación de la voluntad del pueblo a través de los procesos democráticos.

Si se usa engaño para modificar esa voluntad (las cosas que los ciudadanos creen que deben ser hechas) para su lucro político, si esta conducta se convierte en costumbre y es uso común de casi todos los que llegan a ser elegidos, la democracia es una farsa cruel. Me gustaría que todos los grupos políticos, movimientos políticos y sociales, propuestas unitarias, sindicatos, introdujeran en la agenda política y en la sociedad el debate sobre ¿qué medidas podemos proponer a los ciudadanos para que no se burlen de ella? ¿Es necesaria una gran plataforma democrática que haga realidad la democracia por todos los medios a nuestro alcance? Por supuesto pacíficos, democráticos, y respetuosos con los Derechos Humanos. ¿Legales? , desde mi punto de vista, siempre que la ley nos respete.