EJERCER LA CIUDADANÍA

Es evidente que el poder no está siendo ejercido por el pueblo, que muy al contrario se está ejerciendo contra el pueblo.

Es evidente que el responsable último de que ésto sea así es el propio pueblo ya que, de lo que emana de la suma de voluntades de los ciudadanos, de sus acciones y de sus omisiones, de su actuar y de sus tácitas conformidades, no se genera un PODER CIUDADANO al que los gobernantes respeten lo más mínimo.

Es evidente que un gran grupo de ciudadanos estamos en absoluta rebeldía, otros disconformes, otros desconcertados y, por último, otros andan jugando a culpabilizar a unos o justificar a otros, en ese teatro montado por el antes bipartidismo aparente, y ahora monopolio del PP del poder político de las instituciones. Pero el poder real es el del poder económico- financiero global, y, supeditando a éste, el de la plutocracia ancestral española dominadora cultural a través del control mediático y religioso que ejerce la Iglesia Católica. Como símbolo y emblema de este entramado, pero con un poder más real que el que muchos creían, tenemos al monarca en la cumbre de la pirámide.


CONCLUSIÓN EVIDENTE: Tenemos que cambiar para que todo cambie. Tenemos que generar un contrapoder contra el poder del dinero. Tenemos que defendernos generando un PODER CIUDADANO que pare los pies a quienes vienen ganando cada vez más poder y acumulando cada vez más riqueza. Ese poder se construye con unidad, coherencia y determinación. Se construye con protestas y con propuestas, diciendo no a lo que no es justo y razonable y sí a lo que construye sociedad civil, con valores humanos, sociales y liberadores del poder del dinero. Se hace con cada grano haciendo granero, eliminando lo que estorba y divide. Cada ciudadano, cada organización, cada colectivo tiene un deber, una responsabilidad que empieza por saber lo que hay que cambiar. Cada acción u omisión de cada uno de ellos que contribuye a mantener al sistema debe ser eliminada. Cada acción u omisión que construya unidad, conciencia colectiva y participación deber ser fomentada.


A veces me pregunto si contribuyo con estas letras a algo o estaré siempre diciendo lo mismo, a los mismos, a los que no lo necesitan. Pero necesito decirlo...seguir gritando, como cada uno de nosotros en nuestro pequeño desierto, hasta que nuestros caminos se unan y sintamos la fuerza de nuestro PODER CIUDADANO.

CRISIS ÉTICA

Confieso que en ésto de dictar normas para los demás somos, yo el primero, siempre más certeros que en aplicárnoslas a nosotros mismos. Cuantas veces nos hacemos trampas en el solitario, vemos la paja en el ojo ajeno, sobre todo miramos al otro para evitar mirarnos y conocernos. Reconocernos en los males ajenos, hacernos preguntas complicadas, reconocer nuestras debilidades, nuestros miedos y enfrentarlos no es plato de buen gusto para nadie. Nos aparecen palpables los males del partido ajeno, de la religión ajena, del equipo de fútbol contrario. Hablamos y hablamos para romper el silencio, que siempre nos examina, para que no podamos comprobar cuanto de lo que criticamos llevamos dentro.


Aye estuve viendo un programa interesante sobre la economía sumergida, la evasión de impuestos, los paraísos fiscales, las prestaciones recibidas sin merecerlo, en definitiva, nada que no veamos en cada barrio, pueblo, o que no adivinemos de los grandes magnates o mangantes. Hablaron del fraude contrario a la ley, pero nada se dijo del legal, del que ya las leyes llevan incorporado. Me llevó a pensar en la corrupción de tantos políticos hasta llegar a la Corona, en el reconocimiento social de que el que no roba es porque no puede o el que no defrauda es porque está controlado. Es tanta la presión que el honrado no se atreve a cuestionar al defraudador, el que trabaja en limpio no ve obstáculo en que otros lo hagan en negro, no ve el peligro para la supervivencia de la empresa cumplidora, de las prestaciones y servicios públicos que aquellos ponen en riesgo seguro. Vienen tiempos difíciles, todo está en peligro. La búsqueda de seguridades hace que muchos miren al poder buscando en él soluciones que se impongan, que ordenen lo que individualmente es imposible conseguir. Pero el desconcierto de las masas las idiotiza, las somete a cualquier espontáneo como la historia enseña. Ya conocemos, o debiéramos conocer las consecuencias. Crece la ultraderecha en Europa, el racismo y la xenofobia. El otro es siempre el culpable de todo. El extranjero, el catalán, el andaluz, el vasco o el gallego; el trabajador, el parado fraudulento, el funcionario, el médico, el juez, el abogado; el policía o el indignado, nadie se queda sin enemigo del que echar mano, con mayor o menor razón en cada caso. Nuestros egos poderosos vencen siempre contra nuestra necesidad de encontrar espacios de encuentro y de responsabilidad social.


La izquierda, los utópicos de la sociedad igualitaria en derechos y obligaciones, tenemos miles de razones para protestar; mientras predicamos, somos incapaces de asumir responsabilidades, de unir esfuerzos, de mostrar piedad con el que discrepa lo más mínimo de nuestra absoluta verdad. Desde la llamada izquierda gobernante no se ha hecho una mínima pedagogía de que lo que dice la Internacional: "No más deberes sin derechos, ningún derecho sin deber", es una exigencia ética irrenunciable. La pedagogía ha sido la del intercambio de favores por votos, la del compadreo, la del palo y la zanahoria.


Una nueva sociedad no será posible sin ciudadanos conscientes de ser tales, de que sus derechos no son gratis, nadie los regala, nos los damos nosotros mismos cuando nos comprometemos a participar en hacerlos posibles para nosotros y para los demás. No existen atajos, ni huidas adelante que no conduzcan a la selva, al fascismo y a la destrucción de la guerra total.


Para sustituir al sistema que nos atenaza y nos hace infelices, tenemos que derrotarnos, observar y destruir a los vicios y prácticas que actúan como aliados del sistema y que anidan en nuestro interior.

¿PREVARICARÁ EL TRIBUNAL SUPREMO?

La sentencia de 26 de junio de 1.996, del Tribunal Supremo, al interpretar los elementos del delito consistente en que una autoridad, un juez o un funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta, declara: "Los diferentes delitos de prevaricación exigen como elemento objetivo la absoluta notoriedad de la injusticia, faltando tal elemento cuando se trata de apreciaciones que en uno u otro grado son discutibles en derecho. Sólo cabe prevaricación, cualquiera que sea su clase -judicial o administrativa- o su modalidad de comisión -dolosa o culposa- cuando de modo claro y evidente, sin posibilidad de duda alguna al respecto, la resolución de que se trate carece de toda explicación razonable, es decir, es a todas luces contraria a derecho... pudiendo referirse tal ilegalidad así cualificada, tanto a aspectos de procedimiento como materiales, ya se trate de cuestiones de calificación jurídica, ya de problemas de hecho o de apreciación de la prueba. Y así, esta Sala viene utilizando con frecuencia los términos de "patente, notoria e incuestionable contradicción con el ordenamiento jurídico", "tan patente y grosera que pueda ser apreciada por cualquiera"... "se reserva el Derecho Penal para aquellos casos de tan flagrante ilegalidad que quede de manifiesto la irracionalidad de la resolución de que se trate, conforme al principio de intervención mínima" -sentencias de esta Sala de 20-2, 10-7, 6-10, y 14-11 todas de 1.995-".

Si condenan a Garzón, como parece que nadie discute y avalan las decidiones que se han adoptado en la instrucción de los tres casos contra él, a pesar de que el Ministerio Fiscal no acusa porque no cree que se den los anteriores elementos, porque no existe delito; siendo quien más interés debiera tener en un proteger la correcta administración de justicia, estaríamos ante una decisión injusta que evidentemente vulnera el precepto penal apliacado y la propia interpretación reiterada y pacífica del propio Tribunal Supremo que, evidentemente a sabiendas y con palmaria injustica, rompería su propia y recta doctrina.

Prevaricar no es el delito que se comete al dictar una resolución contra el poder establecido aunque éste pueda estar fuera de la ley, no es toda resolución que socave dicho poder. No prevarica el que cree adoptar al amparo de la ley dicha resolución, o siendo discutible la norma aplicable o su interpretación, dicha resolución haya sido apoyada por otros funcionarios, autoridades, jueces o el Ministerio Fiscal, como ocurre con las escuchas y con la investigación de los crímenes del franquismo.

Los delitos no son tipificados por el Tribunal, son los legisladores los que definen qué es delito, y no existe mayor prevaricación que condenar a alguien por una conducta que el Código Penal no preve entre las que son merecedoras de reproche penal. Si la Sala Segunda del Tribunal Supremo condena al Juez Garzón, esa decisión judicial será una decisión injusta, a sabiendas de su ilegalidad y de su injusticia y por tanto será constitutiva de un delito de prevaricación. Así debería ser advertido por el propio Fiscal en su informe final, ya que el hecho de que éste no acuse evidencia que no puede haber prevaricación.

Que la ley sea igual para todos exige que la ley esté por encima de todos y a todos obligue por igual empezando por sus superiores interpretes