MEMORIA

  Es cuatro de diciembre. Un día para recordar a Manuel José García Caparrós, luchador andaluz asesinado ese día, cuando la mayor movilización nunca vista en esta tierra, pidió el derecho a poder construirla con nuestras propias manos.

   Esta fecha y este compañero están casi en el olvido oficial. Hasta el año pasado no se le reconoció oficialmente por la Junta de Andalucía, en otra fecha grande: el 28 de febrero.

  Cada logro de la autonomía lleva una gota de su sangre y cada traición a su lucha, a la lucha de este pueblo, es una afrenta a los que dieron su vida por ella.

   Hoy más que nunca, luchar significa recordar a los que lo hicieron antes, ponernos en su piel, sentir el mismo ideal de justicia, transpirar la libertad que nos hace libres, la energía sumada que mueve la historia. Practicar los valores que nunca pueden ser enterrados sin que el ser humano se convierta en alimaña de su propia especie.


      Necesitamos saber de dónde venimos, tener un relato veraz que nos revele quienes somos y que nos explique por qué hemos llegado hasta aquí. Nuestra historia nos explica nuestros miedos, pero también puede devolvernos nuestra esencia. Los medios del sistema nos azotan hoy con la desmemoria y la cultura uniformada y enlatada; con la urgencia del consumo y el deshecho. Nos separa de los más cercanos, aunque las redes, aparentemente, nos acercan a los que quizá nunca podamos tocar en un abrazo.
    
     Hoy es un día para los andaluces altivos, esos que se siguen levantando, que siguen pidiendo Tierra y Libertad. La Andalucía que no divierte, pero que tiene la alegría de haber parido hijos como MANUEL JOSÉ GARCÍA CAPARRÓS. La Andalucía de la que nacerá algún día la verdadera alegría de haberla construido por nosotros y para nuestra liberación; la de los pueblos y la Humanidad.

PROPUESTA DE FRENTE CÍVICO – JURÍDICO

INTRODUCCIÓN

En el Frente Cívico tenemos como objetivo y referencia la defensa de los Derechos  Humanos y la preservación de la vida en el planeta. 

Nuestros esfuerzos van orientados a que una gran mayoría haga de ellos un patrimonio irrenunciable, mediante la efectividad de los mismos en cada situación concreta, obligando a una actuación positiva de los poderes públicos, en ese sentido. 

Proponemos la formación de un poder, el de una mayoría organizada que no deje opción al poder institucional para ir contra los Derechos Humanos. Pero, al echar todo el peso de ese contrapoder, no podemos olvidar que también dentro de las instituciones hay funcionarios que se tienen que atener a la ley y, en particular, dentro de la administración de justicia se han dado pasos importantes que debemos apoyar y promover. En definitiva, no podemos renunciar a las armas que el derecho pone en nuestras manos porque partamos de su inutilidad o predisposición en nuestra contra. Esa estrategia, para mi, sería tan absurda como la contraria, la de pensar que podemos cambiar algo sólo desde la acción de los Tribunales de justicia, sin una amplia movilización social que respalde la actuación jurídica para conseguir una aplicación directa y efectiva de todos derechos que están recogidos en las leyes, la Constitución y los Tratados Internacionales firmados por el España, y que aunque son vinculantes para los que juraron cumplirlas en virtud del principio de legalidad, están siendo vulnerados. 

No podemos dejar los Derechos Humanos, ese patrimonio que la Humanidad ha conquistado con la fuerza de la sangre de las generaciones que nos precedieron, como si fuera un trofeo olvidado que acumula polvo en la vitrina de la historia del derecho. Ese patrimonio inmaterial es un arma y, al mismo tiempo, un objetivo irrenunciable. 

Un arma para denunciar un sistema atenta contra la humanidad desde sus propios fundamentos, y para deslegitimar a unas instituciones que son autoras, por acción, y cómplices, por pasividad, de las agresiones a la ciudadanía. Una ciudadanía que ha dejado de ejercer como tal porque ha perdido la memoria de sus derechos, de sus responsabilidades y que no es consciente de toda la grandeza del significado de esa palabra. Desempolvar, difundir haciendo pedagogía del contenido de los derechos y de los mecanismos para hacerlos valer, antes de que terminen con los unos y los otros, como se propone Gallardón, tiene que ser prioritario.

La experiencia en Stop Desahucios, sin triunfalismos, ha sido un banco de pruebas de la acción conjunta de la movilización social y del ejercicio de los derechos, más allá de las posibilidades de oposición y defensa ante una ejecución hipotecaria que las leyes procesales reconocían a los ciudadanos. Grupos reducidos de ciudadanos determinados a poner en valor el derecho a la vivienda digna, junto al trabajo de abogados, de algún que otro juez, justo más acá y más allá de la ley, hemos evidenciado las aberraciones del sistema económico, financiero, judicial y el papel de las instituciones en la estafa a millones de familias hipotecadas. 

Esa misma experiencia puede ser adaptada y mejorada ante las agresiones al derecho a la vivienda de los que nunca pudieron hipotecarse, al derecho a la educación y a la salud, públicas, universales y gratuitas, a la asistencia ante situaciones de postración y dependencia. Es sencillamente letal a todos los derechos, y necesitado de respuesta jurídica, la grave limitación de acceso a la tutela judicial efectiva por la implantación 

de las tasas judiciales o el deterioro del Servicio de justicia gratuita. En cuanto a los derechos civiles, se acrecientan los ataques al derecho a la información, se viola o se permite que, de forma arbitraria y sistemática, se viole el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, con la excusa de la seguridad. Se acrecienta y se preparan respuestas represivas como la reforma del Código Penal y el uso abusivo de las leyes sancionadoras, ante las aún minoritarias y pacíficas formas de contestación Los poderes públicos tienen que verse ante el espejo de sus propias leyes. Cuando las leyes no respondan a la efectividad de los Derechos, las leyes y los que detenten de forma desviada los poderes tienen que ser sometidos a la doble instancia del recurso ante los Altos Tribunales internos e internacionales y ante la más alta instancia de un pueblo que no puede doblar la rodilla ante quien tiene que servirlo. 

Todas las vías son útiles, todas las herramientas jurídicas y movilizadoras tienen que estar a punto y ser usadas coordinadamente. La acción penal ante tanta decisión injusta a sabiendas de su injusticia, ante tanto asalto a los bienes públicos y al bolsillo de los ciudadanos, tiene que servir para poner en el banquillo la evidencia prevaricadora.

La propuesta concreta inicial es que interpelemos al mundo del Derecho, desde dentro y desde fuera, (abogados y sus colegios, jueces, profesores de derecho, etc) para crear herramientas jurídicas, métodos de actuación concreta ante los Tribunales y las instituciones, propuestas de iniciativas legislativas, etc, en perfecta coordinación con el amplio y unitario movimiento ciudadano que queremos construir.

PROPUESTA

La idea es que enmarquemos colectivamente las acciones jurídicas en un estrategia global, es decir, que los juristas, un FRENTE JURÍDICO coordinado en todo el Estado, aportemos respuestas y propuestas que se correspondan eficazmente con esa estrategia. 

Tras el debate de Prometeo, en la línea y englobando la propuesta que ha llegado de Murcia sobre la interposición de una querella, propongo difundir públicamente una convocatoria al mundo del Derecho para crear un amplio grupo de juristas que se planteen, como lo hacemos muchos en solitario, la defensa del Estado de Derecho. Como hacemos (o deberíamos hacer también) en el ámbito político-social cada uno vamos difundiendo en nuestro entorno una visión de la realidad y una estrategia colectiva para cambiarla. El mundo del derecho es más complicado pero nos sentimos doblemente interpelados como ciudadanos y como amantes del imperio de los derechos y responsabilidades, más allá del instrumento a su servicio que es la ley y la administración de justicia. Hay grupos de abogados a los que podemos dirigirnos, de jueces y fiscales, y existe la necesidad de poner en valor lo que hacemos descoordinadamente. 

SÍ, SE PUEDE. HAY SALIDA.

Los partidos son necesarios, pero no éstos. Los sindicatos son imprescindibles, pero no los que hoy ha asimilado el sistema. Ni está ley electoral que es la que marca unas reglas de juego que favorecen que sus aparatos, los de los grandes partidos, decidan quienes representan a los que los mantienen económicamente. Representan en las instituciones, salvo contadas excepciones, al poder del dinero, a esos que mandan sin presentarse a elecciones, no a nosotros, al poder del pueblo que en este país, se demuestra cada día, no es el soberano. 
El día 29 doy una conferencia sobre la influencia de las normas electorales en la calidad de la democracia, en que la democracia sea una realidad vivida y no una trágica ficción. Haré una propuesta de ley electoral en la que los ciudadanos deciden qué personas van a las instituciones entre las que los partidos proponen. En la que cada representante tiene el mismo número de votos detrás. Ni si quiera hay que cambiar la Constitución para hacer ese cambio radical de las reglas de juego. 
Sin embargo, la sociedad está paralizada porque no ve salidas y tiene inercias difíciles de romper en poco tiempo. Muchos pensamos que no haremos reformas del sistema si no montamos una plataforma electoral ciudadana con ese y otros objetivos concretos. Sólo para esos objetivos que nos afectan por encima de ideologías. Con un liderazgo social de todos los movimientos sociales agredidos y poniendo lo que une por encima de lo particular. 
Por ejemplo:
1.- Acabar con la corrupción política.
2.- Hacer cumplir el programa constitucional, haciendo realidad los derechos que en la misma se contienen y que nos definen como un estado social. 
3.- Reforma de la ley electoral, de la ley de partidos y del Código Penal, recogiendo el delito de estafa electoral y otros como dictar leyes contra el cumplimiento de la parte programática de la Constitución. (prevaricación cualificada) etc.
4.- Garantía absoluta de los servicios públicos universales, gratuitos y de calidad. 
5.- Derogación del artículo 135 de la C.E. para que la deuda de la banca la paguen sus accionistas y los responsables internos y externos del sistema financiero que nos han arruinado sin nuestro consentimiento. 
6.- Sistema de pensiones público y garantizado. 
7.- Garantizar una Renta básica mínima de supervivencia y el derecho a la vivienda digna.
8.- Derechos laborales y sociales. Democracia en la empresa.
9.- Control democrático de la economía. Sistema financiero público y control de la banca para que cumpla su labor de intermediación, evitando la especulación financiera y otras prácticas abusivas. 
10.- Reforma Fiscal fomentando los impuestos directos y progresivos y la lucha contra el fraude de los grandes patrimonios. 
11.- Apuesta por la investigación, las energías renovables, la calidad y duración de los productos y lucha contra el cambio climático.
Sólo es un ejemplo de lo que, usando mi sentido común, yo propondría y quisiera que tuviera consenso hasta de quien no piensa como yo. Pero si hay un mínimo común que sea un salto cualitativo sobre la situación actual y pusiera las bases de una nueva forma de participación democrática, no dudaría en apoyarlo. 
¿CÓMO LO HACEMOS? 
Haciendo pueblo y poder ciudadano en el camino hasta el objetivo. Construyendo la democracia que queremos y necesitamos más que nunca.
Llevando éstas propuestas, algunas de ellas, u otras similares, a cada colectivo, cada barrio y cada centro de trabajo, durante el plazo de dos meses. Levantando acta de cada reunión con propuestas de acción y compromisos de colaboración al cumplimiento de esos objetivos de personas, colectivos, barrios, etc. 
Como una más de las acciones, podemos proponer a personas que nos representen mediante reglas claras y compromiso de revocabilidad, primero ante las instituciones, y después, esas u otras, en las instituciones. Nadie se debería proponer a si mismo y la elección tiene que ser en votación secreta y de abajo arriba, para que, si lo consideramos imprescindible, plantearnos una Candidatura por el Poder Ciudadano, que se disolverá cuando se hayan cumplido los objetivos, con la expresión de la voluntad del pueblo por medios participativos y representativos. No se trataría de delegar el poder en otr@s, sino de abrir un cauce que l@s ciudadan@s conocen y que, dados sus hábitos, facilita más que otros la esperanza en una rápida salida a esta situación, quitando el poder a quien lo está usando contra el pueblo. Pero eliminando la dualidad representante, representado y sometiendo las decisiones a la voluntad mayoritaria las decisiones estratégicas en pos de lograr los fines consensuados. 

En cada ámbito de actividad estratégica se han de hacer visible la estrategia común. Si pongo de ejemplo mi actividad. Los juristas tenemos que plantar cara ante las agresiones a los derechos constitucionales después de los recortes de derechos laborales, sociales y de prestaciones de servicios públicos. Se han cargado el Estado Social y van a por el Estado de Derecho. No quiero anticipar los hilos que se están moviendo en este sentido pero la respuesta tiene que ser contundente. 
De igual modo, el poder mediático de los ciudadanos tiene que ser incrementado con el compromiso de los profesionales de la información y el uso y adecuación de las herramientas que necesitamos.
Las Asambleas de Parados, la Universidad, los estudiantes, las ONGs, las Plataformas de Afectados por las Hipotecas, Las Mareas, las PYMES, los Autónomos, el Ecologismo..., pueden ver encauzadas sus ansias de cambio de esta situación, sin aparente salida con los cauces tradicionales. SÍ, SE PUEDE. HAY SALIDA. 

¿POR QUÉ HA HECHO FALTA?

La utilización de los sentimientos primarios en la propaganda partidaria no es sólo un peligro, es una bomba de efectos incalculables. Si se alienta la apelación a la revancha por intereses partidarios, si quien está obligado a cumplir la ley, que garantiza la convivencia y el respeto a los derechos humanos, recurre al atajo para dar satisfacción a los apetito de venganza, la civilización se esfuma en la negrura de la caverna.

¿De qué estamos hablando? ¿De que ahora unos defiende a ETA y otros piden justicia? ¡¡¡¡NO!!!! Totalmente falso. Error cruel e imperdonable. Estamos hablando de la esencia de la ley. En un Estado de Derecho hay principios fundamentales que sin ellos la selva sería un lugar plácido. La ley se dicta para todos, busca el cumplimiento general y sanciona los incumplimientos individuales, sea quien sea el que la vulnere. Aquí se ha retorcido la ley para que unos, muy malos ya lo sabemos, tengan un trato diferente.

Las leyes, normalmente, se aplican desde la fecha de su promulgación, pero pueden tener efectos retroactivos siempre que sean más beneficiosas al ciudadano. Cuando restringen derechos, imponen sanciones, son más desfavorables y, sobre todo, las normas penales, nunca se retrotraen sus efectos, es decir, no se aplican a hechos ocurridos antes de ser promulgadas. La aplicación de la ley penal vigente del momento en el que fue cometido el delito, salvo que una posterior sea más favorable, es un principio esencial y una conquista para los derechos humanos. Si se aumenta la pena a quien ya tiene una condena firme porque un nuevo código la endurece, ¿quién puede estar a salvo?. Pues eso es lo que hemos hecho cuando se han endurecido las normas sobre el cumplimiento de las penas, para así evitar que salgan los presos de ETA. Todo motivado porque, en un momento dado, algunos han pensado que moralmente era lo justo al calor de sus crímenes sanguinarios.

Durante muchos años se han mantenido los beneficios penitenciarios y las normas sobre el cumplimiento de las condenas  del Código Penal de 1973, tanto en la aplicación a cualquier recluso, como los presos de ETA. Pero un buen día, quizá cuando políticamente interesaba porque ETA no cedía y la ciudadanía creía traspasado límite de lo tolerable, el Tribunal Supremo interpretó la ley de forma contraria a los principios recogidos en nuestra Constitución y en la declaración de los Derechos Humanos. Esa fue la derrota, ceder a esa tentación y no esta sentencia que los restaura.
Sin embargo, la paradoja está en que una ley franquista, la que, irremediablemente, se tenía que aplicar  era beneficiosa a ETA y que, desde 1973, ni Franco, ni UCD, ni PSOE, ni PP, la modificaron, para que ahora los malos sean el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o Alberto Garzón por creer que respetar esos derechos, siempre y con todo ser humano, es ineludible para distinguirnos moralmente de los delincuentes.
Aunque sea repulsivo para la gente de bien ver en la calle a asesinos mucho antes de lo que quisiéramos, eso es lo que estaba establecido por las leyes vigentes. Lo que hemos hecho es cambiar judicialmente su interpretación para mantenerlos más tiempo encarcelados y eso (no era necesario que nadie nos lo dijera) es lo que no es conforme con los derechos humanos. Debemos saberlo todos para no herirnos entre nosotros estableciendo falsos niveles de repugnancia ante el delito.
No me gusta tener que explicar lo que debiera ser evidente pero si alguien se vieran en la cárcel más tiempo, por el capricho del legislador de turno, lo entendería a la primera. Incluso ese militante del PP o Zapatero que ayer dijeron sandeces o amenazaron de muerte.

No cedamos a los instintos primarios y asumamos como un patrimonio inembargable las conquistas del Derecho. Avancemos con él pues ¿qué diríamos de quien siguiera pidiendo mantener el delito de adulterio ante la herida despechada de la infidelidad? Los que navegamos en las aguas de la aplicación de la ley, a esta realidad tan cambiante, sabemos que para algunos ese delito sigue vigente.

Como última reflexión, quiero mostrar mi preocupación porque están siendo los tribunales internacionales los que les están diciendo a los jueces internos que, unas veces nuestras leyes, y otras su interpretación, no son homologables. Hace unos días nos dijeron que dejar a menores en la calle, tras un desalojo, no puede ser consecuencia de ley alguna, digna de tal nombre. El 14 de marzo pasado, el Tribunal de Justicia de la unión Europea ha declarado ilegal que los ciudadanos que se han visto obligados por la estafa hipotecaria masiva, y nuestras leyes procesales, a quedarse sin techo, llevan veinte años sin la protección necesaria a su derecho a la defensa de sus intereses.
 Mi pregunta a los poderes del Estado es la siguiente: ¿Por qué ha hecho falta que nos lo digan jueces foráneos?

CAMINANTES Y SALTEADORES

          Mientras seguimos en la distancia el caminar de Leonor, Antonio, Nazaret, Richar, Ana y Eugenio, como porteadores de la dignidad y las ansias de justicia de este pueblo, nos  desayunamos cada día con los desahogos de Bárcenas y el silencio de Rajoy. La comparación me produce escalofrío cuando pienso que aquellos seis caminantes y estos dos presuntos salteadores son reflejos de una misma realidad política. La corrupción no sólo no es ética ni estética, además causa injusticias lacerantes, pobreza y atraso. De los muchos robos, de permitirlos, ampararlos y pedir la mordida correspondiente, viene este lodazal que nos ahoga a la mayoría social.

Como ya es evidente a nivel de calle, Bárcenas no miente cuando reconoce en parte sus tropelías y sí lo hizo su jefe Rajoy cuando aparecieron las fotocopias de la contabilidad B del PP. El propio Rajoy ya no puede negar nada tras salir a la luz su correspondencia electrónica, salida de su propio móvil.  ¿Entenderá ahora lo que escribe? ¿Dudará de su propia letra?.

Además de sus S.M.S, su silencio culpable evidencia con más fuerza la doblez del personaje. Como abogado, no le niego que tendría derecho a guardar silencio, si fuese formalmente imputado, pero aún no lo está. Creo que cuando todo lo que sabemos por la prensa se haga evidente por actos de instrucción habrá motivos para que un Auto judicial así lo declare. Mientras tanto,  nadie tiene derecho a seguir siendo presidente del gobierno de España si actúa como un cobarde que se esconde como esos delincuentes que se sumergen en la charca respirando por una caña para que sus perseguidores le pierdan el rastro.

Este pueblo necesita que alguna vez se haga justicia al poderoso. Para que un día lleguemos a ser un país digno, los malos del poder y el dinero tienen que ser reconocidos como malos, tienen  que pagar por sus crímenes. Por una vez, sería bueno que sus victimas empezaran a recibir el consuelo de la verdad y la reparación.  Son muchos siglos en los que lo mejor que hemos tenido han sido periodos de democracia aparente, de hipocresía política, de democracia hipócrita como estos últimos 35 años de los que presumen los que nos han arruinado. Aquí siempre han mandado los mismos, los que nunca aceptan perder el control, los que no toleraron ayer que la tierra diera  de comer al que la trabajaba u hoy, que una vivienda sirva para ser habitada.

Despertemos como Leonor, Antonio, Nazaret, Richar, Ana y Eugenio hacen cada día a las cinco de la mañana para andar un tramo del camino hasta la utopía. ¿Por qué tiene que ser una utopía que la gente decente tome, de una puñetera vez  en sus manos, el futuro de su país?.

DIONISIO MORENO. En defensa de la abogacía.

            Se dice que este es el país de la envidia. No tengo suficientes datos para sostener esa afirmación, ni la contraria. Se dicen tantas cosas hoy de una generalidad de personas: los políticos, los jueces, los periodistas, los catalanes, los andaluces, los funcionario, los parados, los profesores,... bueno y ¿qué decir de los abogados?. A cada uno de estos grupos humanos  le atribuye la calle uno o varios calificativos que se pegan como lapas a cada grupo humano. Basta repasar, empezando por los políticos, siguiendo por los demás grupos y surgirán de manera natural las descalificaciones, nunca la atribución de méritos. 

Cuando me preguntan por mi profesión, surge ante la respuesta, casi siempre en estos días, una afirmación de mi interlocutor: "yo no serviría para ser abogado, yo no podría defender a criminales como ese que ha matado a sus dos hijos". En la calle sobra la presunción de inocencia. Ese es un derecho que casi nadie echa en falta más que cuando él, o alguien cercano, se encuentra haciendo frente a una imputación. Evidentemente no voy a entrar a valorar la concreta labor de mi compañero en este caso, pero sí quiero manifestar con rotundidad que ese compañero, como todos los letrados cuando defendemos a nuestros clientes acusados, estamos realizando una labor tan importante, al menos, como la que realiza el juez, el fiscal o el letrado de la acusación particular. Sin el abogado defensor no es posible hablar de justicia. Para que exista el fiel de la balanza se necesitan los dos platillos en que cada parte pueda poder sus hechos y su interpretación de la ley.Pero lo más importante es que el abogado defensor del presunto culpable, lo es también del estado de derecho y de toda la sociedad que, por que él existe, puede condenar excluyendo la barbarie. Cuando la sociedad sale del estado de shok que A TODOS, nos producen hechos como por ejemplo las muertes violentas de menores, sus deudos necesitan la paz que sólo la verdad y la justicia proporcionan. La sociedad necesitamos cerrar esa herida y con el paso de los siglos hemos entendido que no podemos matar al primer sospechoso: hemos hecho leyes y hemos comprendido que el acusado necesita un defensor que pueda tener todos los medios de defensa. Hemos aceptado legalmente que no es el acusado el que tiene acreditar su inocencia, sino que  la tarea de la acusación, pública o privada, es evidenciar la  culpa. 

En definitiva, cuando hoy nuestros jueces condenan a un ciudadano, lo hacen con toda la tranquilidad del respaldo de la voluntad del pueblo que le ha encargado esa tarea y le ha dado unas leyes que cumplir. Además, también habrá tenido que escuchar y atender a las partes, que respetar los derechos y garantías que los abogados defensores ha hecho valer en defensa de sus clientes acusados.

Todos podemos cometer errores, pero al calor de la repugnancia del crimen no podemos dejarnos llevar por una ancestral sed de venganza, destruyendo lo que nos separa de la barbarie. 

Si no he conseguido del todo justificar la labor del abogado, quizá es porque el lector es incapaz de reconocer que verse sentado en un banquillo puede ser una situación cercana a él o a los suyos en circunstancias nada improbables, ni ayer ni hoy. De hecho, la frase. "esto no me puede estar pasando" es la más escuchada en una comisaría o en un cuartel, cuando los abogados acudimos a asistir a un detenido. 

Cuando defiendo la profesión de abogado, lo hago desde la defensa del papel que tenemos encomendado, nunca podré defender las desviaciones, los abusos o prácticas que, aún las permitidas, no son comunes a toda la profesión, sino particularidades muy opinables de cada compañero. Existe mucha polémica dentro de la profesión ante la efervescencia mediática de los asuntos que todos sabemos. No entraré a valorar, aunque tengo criterio de ellos, lo que expresan esos compañeros tan conocidos. 

Sólo pido comprensión para los abogados que, como en mi caso, creemos tener derecho, como ciudadanos y profesionales del derecho, a  manifestarnos ante situaciones en las que, creemos que la legislación, o su aplicación concreta, se aleja de las demandas que la sociedad tienen y ha hecho suyas en la Norma Suprema o en la Declaración de Derechos Humanos. Los  juristas que opinamos así lo hemos hecho al calor de asuntos que hemos dirigido, ayudando a que temas como la violencia de género,  la siniestralidad laboral o la derivada del tráfico, tomasen la necesaria relevancia social y visibilidad cuando no se tenían tanta conciencia de esos problemas como la tenemos hoy.   

Cuando se critique a los abogados, por tanto no se piense en el estereotipo compuesto con opiniones sobre experiencias particulares negativas. Pensemos, hagamos visibles, por ejemplo al hilo de la actualidad desde hace unos años, a un grupo de letrados que se ha echado a la calle, literalmente, junto a grupos de ciudadanos, afectados o no, en defensa de  los afectados por las ejecuciones hipotecaria.   

Ese grupo  han conseguido más de 14.000 daciones en pago y alquileres sociales, por las vías judicial o extrajudicial, pero siempre muy unidos a la sociedad más consciente y movilizada, a los propios afectados, a las víctimas. JUNTOS ESTÁN PUDIENDO. Estos letrados han realizado propuestas a los poderes públicos (en Andalucía por ejemplo), han redactado la Iniciativas Legislativas Popular más apoyada de la democracia, han compartido experiencias y estrategias en un grupo de ayuda a las Plataformas de Afectados por la Hipoteca. Han promovido ante sus Colegios de Abogados la creación de turnos de oficio especiales  (por cierto, el Colegio de Abogados de Córdoba ha sido pionera en España ), y  asesorado a decenas de miles de familias de manera altruista. Pero no cuentan ante la sociedad, el gobierno no habla de ellos cuando dice defender la marca España.

De entre todos ellos hay que destacar la historia que tiene como protagonista a un cliente llamado Aziz (un  marroquí que sigue luchando después de ser desahuciado con tres hijos, con minusvalía y con su subsistencia en total precariedad)  y a un abogado de nombre Dionisio y de apellido Moreno,  (desconocido, sin el prestigio y la pompa de los grandes despachos, que ejerce en una habitación de su casa, sin dinero siquiera para viajar a Luxemburgo, adonde tuvo que defender la causa, amparando precisamente a quien no le podía pagar). El tercero, que sí quedará en la historia judicial, es el juez de lo mercantil Fernández Seijo, quien sometió a una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el procedimiento de ejecución hipotecaria español, que durante un siglo ha sometido a los ciudadanos hipotecados a la indefensión ante los abusos de los bancos, y durante 20 años ha permitido la vulneración del derecho comunitario que garantiza los derechos de los consumidores. 

Cuando atacamos a los abogados Dionisio entra a pagar su parte. Cuando atacamos a los jueces, olvidamos que algunos de ellos están abriendo caminos a la justicia real y efectiva que nos ayuda a seguir manteniendo la esperanza en el Estado de Derecho. Lo están haciendo desde su propia conciencia personal, ante la realidad social, con soporte en las leyes y los principios tantas veces olvidados. Lo mismo podríamos decir de los periodistas, y si siguiéramos una visión simplemente neutra, nos daríamos cuenta de una realidad: la mayoría estamos siendo presa de una imagen irreal de nosotros mismos. La estamos construyendo elevando la anécdota a categoría. Destruimos la imagen real porque casi nunca defendemos lo colectivo, ni las instituciones que lo encarnan y siempre defendemos nuestra individualidad frente a ellas.

La marca España dicen que depende de ésto o de lo otro. A mi me importa lo que se construye con la calidad de los derechos ciudadanos para el bienestar que por ellos y para ellos se crea. La calidad profesional y humana que observo es muy superior a la que nosotros mismos defendemos. Arrastramos complejos de inferioridad, nos quejamos de lo que no dejamos de abonar, pero si tengo que criticar algo  con carácter general, lo que siempre es un atrevimiento, es que hay muchos Dionisios Moreno desconocidos, olvidados, a los que no reivindicamos. Nos venden, y compramos como ciudadanos medios, como si fuera la normalidad a los "pocholos" y las "belenes", nos desaniman con esos modelos cuando tenemos al lado a héroes de la cotidianidad.
Digo más: en estos tiempos, el no es un héroe, no sobrevive.

Cuando veas en el telediario a un abogado hablando del caso X, piensa también en Dionisio Moreno.

¿QUIÉN DESOBEDECE?

Si partimos de que toda democracia se soporta en que el poder reside en el pueblo, en la soberanía del pueblo (artículo 1, apartado 2 de la C.Española), los gobiernos, parlamentos y judicatura, como el conjunto de las instituciones del Estado, no pueden ser consideradas de manera diferente a “mandatarios” del pueblo soberano.

Se llama mandato al contrato por el que una persona (mandatario) se obliga a prestar algún servicio o hacer alguna cosa por cuenta y encargo de otra (mandante). Propongo el juego de aplicar mentalmente las normas del contrato de mandato a la relación entre el pueblo “mandante” y sus representantes y “mandatarios”.

Dice el artículo 1713 de nuestro Código Civil, que “el mandato, concebido en términos generales, no comprende más que los actos de administración”. Añadiendo que “para transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto de riguroso dominio, se necesita mandato expreso”.  Abundando que “la facultad de transigir no autoriza para comprometer en árbitros o amigables componedores”.  Hace un año se hipotecó a la nación en una cantidad entre 40.000 y 65.000 euros para sanear a los bancos.

Según el artículo  1714 del mismo código:  “El mandatario no puede traspasar los límites del mandato”. Aclarando el 1715, que “No se consideran traspasados los límites del mandato si fuese cumplido de una manera más ventajosa para el mandante que la señalada por éste” . Reformar la Constitución sin permiso del pueblo, sin haberlo propuesto en los programas electorales, para comprometer prioritariamente los ingresos del Estado en pagar la deuda y los intereses que se ha generado  para beneficio de los bancos, y en todo caso, sin beneficiar a los ciudadanos, que estamos soportando recortes en los servicios públicos esenciales, ¿traspasa los límites de nuestro mandato a los gobernantes del PP, hoy, y del PSOE, ayer, puestos de acuerdo en Agosto de 2011, para exterminar el carácter social de nuestro Estado?. Nadie consiente, ni de forma expresa ni tácitamente, que le roben su presente y su futuro.  Si está consciente.

A estas alturas alguno dirá que el derecho civil, poco o nada tiene que ver con el constitucional, que la esfera pública y la privada se rigen por principios a veces hasta contrapuestos. Seguramente estas razones saldrán con naturalidad de quien, precisamente, no deja de predicar que lo privado debería extenderse a todo lo que no fuera el único reducto de lo público: la fuerza que imponga el libre juego del mercado por encima de cualquier consideración: el Estado Policía del sacrosanto mercado. Aprovecho para opinar, que los mercados nunca son libres, me atrevo a decir que sólo serán algo libres si están fuertemente regulados para que lo sean. Miremos, por ejemplo, a los ahorradores que hoy llaman “preferentistas” (engañados y postergados se llaman ellos). Ellos podrían explicarnos mostrándonos las cicatrices producidas por sus estafadores, que tan libre es el mercado para quitarles los ahorros de toda una vida. Si el estado vigila algo es que unos pocos puedan robar impunemente a la mayoría.

Pues bien, sin acudir al derecho que protege, por definición, lo común y público; basándonos en el derecho civil que dice proteger la libre concurrencia, la leal y justa transacción entre particulares; sin hacer de menos a un pueblo que como una sociedad civil “contrata” como mandante a sus representantes o “mandatarios”, como si fuese cualquier empresario que manda a un comercial, o un cliente que contrata y mandata a su abogado, la realización de una cosa o la prestación de un servicio, leamos lo que dice el artículo 1718 del C.Civil:

 “El mandatario queda obligado por la aceptación a cumplir el mandato, y responde de los daños y perjuicios que, de no ejecutarlo, se ocasionen al mandante”. Dice que, “en la ejecución del mandato ha de arreglarse el mandatario a las instrucciones del mandante”, y que, “a falta de ellas, hará todo lo que, según la naturaleza del negocio, haría un buen padre de familia” (art. 1.719). Que “todo mandatario está obligado a dar cuenta de sus operaciones y a abonar al mandante cuanto haya recibido en virtud del mandato” (artículo 1.720). Continúa el artículo 1726 diciendo: “El mandatario es responsable, no solamente del dolo, sino también de la culpa, que deberá estimarse con más o menos rigor por los Tribunales según que el mandato haya sido o no retribuido”.

Pero el artículo más importante es el 1727 cuando dispone: “El mandante debe cumplir todas las obligaciones que el mandatario haya contraído dentro de los límites del mandato”. Obviamente, si lo hemos mandado, tenemos que responder a nuestro encargo, pero….”en lo que el mandatario se haya excedido, no queda obligado el mandante sino cuando lo ratifica expresa o tácitamente”.

Es decir que el que calla otorga. Por eso es tan importante rebelarse. Se entiende que consentimos lo que seguimos soportando. Según el artículo 1733 del Código civil: El mandante puede revocar el mandato a su voluntad (…).

Si ésto lo puede hacer el igual con el igual, ¿qué no puede hacer el pueblo, la fuente de todo poder?. Por eso los tratados hablan del derecho a la insurrección cuando, como dice Julio Anguita, "los que nos movilizamos contra este estado de cosas, somos los únicos que hemos optado por el cumplimiento de la legalidad, cuando son ellos, el gobierno, los poderes económicos, políticos y mediáticos  los que están fuera de la ley . En estos momentos no estamos ante un Estado de Derecho".

Esta rebelión ha de ser desobediente, pacífica pero muy activa, como Gandhi predicaba. Pero debemos trasladar una pregunta certera: ¿quién desobedece?. 

MENTIRA

La mentira tiene su mejor aliada en la desmemoria del pueblo. Rajoy y  los que ayer nos vendían unidos que España iba bien, nos dicen hoy que la burbuja del ladrillo y la corrupción del PP, fueron culpa de Aznar. No lo reconocerían si no fuera porque usan sus pecados del pasado como armas arrojadizas en su lucha por el poder, pero deberíamos saberlo sin esa ayuda. Sólo necesitamos memoria.

Con memoria, verdad y justicia, Aznar no tendría que ser rechazado por ser un bocazas para los suyos, sino por ser un reconocido delincuente internacional que, contra la inmensa mayoría de este pueblo, nos metió en una guerra por intereses bastardos.

Con memoria y contando con los dedos, sabríamos que no saldremos el año que viene de la crisis, que la deuda privada pedida para pagar el dinero que  infló la burbuja, es impagable; que el paro nunca se resolverá en este régimen de poder del dinero sobre los ciudadanos.

Ahondando un poco más descubrimos que única crisis real es producto del déficit  de soberanía del pueblo, de la ausencia de poder real para decidir, individual y colectivamente, qué vamos a hacer con nuestras vidas, ante la realidad de que nos tratan como mercancías en manos de banqueros.

El poder del dinero cada vez se esconde menos. Estos días tenemos aquí a los inspectores de la Troika como prueba de la insignificancia de personajes como Aznar, Felipe, Rajoy, Rubalcaba, que antes servían como títeres de feria para distraer al personal, pero ahora con decir Europa, déficit, austeridad, es suficiente. Al dinero no sólo no le preocupa el descrédito de los políticos por haber sucumbido a sus encantos. Eso está dentro de su guión para en un momento dado sustituirlos por sus propios hombres de negro.

 El cambio comienza, por tanto, al descubrir la mentira, la irrealidad actual de conceptos como Europa, España o democracia. Europa no es más que la voluntad de los poderes financieros que nos han sumido en esta crisis y, además, nos la están haciendo pagar. España es sólo una delegación territorial de esos poderes  que dejan vacías nuestra leyes, y huecos los derechos conquistados con dolor y sangre.

De esta crisis no saldremos nunca sin decidir comprometernos con la realidad que nos ha tocado vivir. Sin crear desde abajo una nueva realidad política, económica, social, y ecológica. Una democracia real que sea fruto de un radical cambio cultural y ético. Ese que empieza porque el pueblo no regale nunca su poder basado en la mentira, que, como mucho, lo preste por su propio interés, bajo su propio control, y como ocurre en los contratos hipotecarios, con pacto de vencimiento anticipado y desahucio en caso de un solo incumplimiento.

Lo bueno de estar atrapado es que no podemos seguir huyendo. Ya sólo nos queda, como una salida digna y viable, unirnos y luchar.

SOBRE LOS DESHUCIOS, LA JUSTICIA Y ALGO MÁS.

Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 14 de marzo de 2013 -caso Aziz-, se han puesto en evidencia las deficiencias de nuestro sistema de protección judicial a los consumidores ante las cláusulas abusivas que las entidades bancarias, empresas o profesionales introducen en sus escritos de contratos a los que aquéllos se ven obligados a adherirse. Sin embargo, desde el 27 de junio de 2000 -caso Océano-Murciano Quintero-, este tribunal ha reiterado hasta la saciedad la obligación del Juez nacional de examinar de oficio el carácter abusivo de las cláusulas de los contratos concertados con consumidores “tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello”.  Es decir, no había necesidad de esperar a esta sentencia para saber lo  que interpreta este tribunal que se establece en la Directiva 93/13, y, que desde hace ahora 20 años debería proteger eficazmente a los ciudadanos españoles, por ser europeos y, en consecuencia, serles de aplicación algunas normas favorables que en Europa se dictan.

Es evidente que los jueces no han amparado a los consumidores en sus derechos, a las familias hipotecadas en su derecho como ciudadanos a la tutela judicial efectiva, a la vivienda digna, a la protección del domicilio y de la familia que en ella habita, a los derechos de los menores, (artículos 24.1, 47, 18 y 39, respectivamente de la C.E.) todo ello con la excusa de la fiel aplicación del principio de legalidad y de la Ley de Enjuiciamiento Civil que prevé un estricto procedimiento ejecutivo judicial que además había sido avalado por el Tribunal Constitucional, pero que era evidente que ha dado como resultado que las personas se hayan visto en la calle por circunstancias que escapan a su control y que el estado estada está obligado a prever. 

Si esto es así en el procedimiento judicial, además se ha obligado a muchos a someterse a un procedimiento extrajudicial que deja al notario la ejecución violando incluso el derecho al procedimiento judicial, otorgando funciones jurisdiccionales a los notarios que, desde la última reforma de su estatuto jurídico, pueden no haber estudiado derecho.

HAGAMOS MEMORIA

Desde hace más de veinte años, los gobiernos locales, autonómicos, y del estado hicieron una apuesta por un sistema productivo basado de una manera temeraria en la construcción de viviendas; no sólo con los fines que le son propios, sino destinadas a la inversión especulativa. La fiebre del ladrillo, vestida “España va bien”, fue un fenómeno del que han presumido tanto los gobiernos del PP y del PSOE. Este situación que no hubiera sido posible sin las leyes y prácticas que, por separado y en su conjunto, suponen una declaración de rebeldía de los poderes del Estado contra el artículo 47 de la Constitución. Este artículo, para proteger el derecho de todos a una vivienda digna, ordena a los poderes públicos hacer imposible la especulación inmobiliaria.

Hoy nadie discutirá que los poderes públicos han permitido que los necesitados de vivienda se vieron obligados, ante la manipulación del mercado inmobiliario y la terrible especulación del suelo y la vivienda, a “picar” en la estafa de la compra de viviendas ante las aparentes ventajas de las contrataciones masivas de créditos hipotecarios frente a la inexistencia de un mercado de alquiler  competitivo. Había que ser idiota para pagar más por alquilar que por comprar, y también se gravó a fuego en la mente de la sociedad que el precio de la vivienda nunca bajaría.

Cuando estalló la negada burbuja inmobiliaria y la gente salió de las obras a las colas del paro, recuerdo que me espantó la idea, la imagen anticipada viendo a las familias saliendo de sus casas y encadenados a una deuda perpetua. Ratificaba, escuchando a la gente, que nadie sabía que esa posibilidad era real para los que habían firmado una hipoteca. Nadie podría imaginar que entregando la vivienda no se liberaba de las deudas.

 Pero las sorpresas serían con el tiempo más importantes para toda la sociedad. Aquí la pesadilla ha sido despertar a nuestra verdadera realidad como país. Ni teníamos el mejor sistema bancario de Europa, ni nuestros gobiernos había hecho otra cosa que llenar los bolsillos de la banca española extranjera, de las compañías de distribución de energía, telefonía, etc. Los gobiernos locales y autonómicos no sólo no han protegido los fondos y los intereses de los ciudadanos depositantes y de la pequeña y mediana empresa local en las Cajas de Ahorros que han desaparecido, que ya no existen para defender a los que peleamos en la economía real, la del tendero y el currito, la del agricultor y el ama de casa, ante la complicidad del Banco de España con la gran banca privada que se han quitado de en medio a esa competencia.

Los partidos y sindicatos que deberían representar y defender a la sociedad se han consolidado crecientemente ante la opinión pública como miembros de un régimen corrupto, cuando en todo caso es lo cierto que los vicios de la transición han facilitado que permanezca la idea franquista de desconfianza en esas herramientas imprescindibles para el funcionamiento de una democracia representativa.    Esos partidos, en muchos casos,  se han financiado vendiéndose a las empresas promotoras y constructoras, como demuestran los tremendos casos de corrupción que, a lo largo y ancho de la piel de toro y de arriba abajo del entramado institucional, todo lo enloda.

Pero volviendo a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia europeo, por ella sabemos lo que cientos de abogados y cualquier ciudadano no jurista, podía deducir de la realidad diaria, que los españoles hemos estado indefensos ante los abusos en la contratación hipotecaria, ante la que no sólo no ha existido control de las instituciones, sino imposibilidad de ponerle remedio cuando ya se había producido. El resultado, hoy evidente, es que el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria obstaculiza la defensa del deudor, y vulnera la directiva 93/13 sobre derechos de los consumidores. Añado yo que desconoce el artículo 24 de la Constitución, (derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías, sin indefensión). Pero además, las ejecuciones masivas derivan de la mayor tasa de desempleo de Europa que imposibilita afrontar los pagos de sus viviendas y conllevan a la práctica de desalojos forzosos masivos. En el marco del PIDESC, esta situación conculca gravemente otros derechos humanos como “ …el derecho a la vida, (¿estaría vivo Frank y tantos cientos con otras leyes?) el derecho a la seguridad personal, el derecho a la no injerencia en la vida privada, la familia y el hogar, …“, (Observación General n° 7 del Comité de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales). 

Tras la sentencia, la situación tendría que haber cambiado, necesariamente, de forma radical. Pero el gobierno ha reaccionado cerrando la posibilidad de extraer las consecuencias más perjudiciales para la banca, y otras vías que los tribunales empezaban a entreabrir.

Que hoy tengamos esta sentencia, se lo debemos a Aziz, el ciudadano marroquí que ha seguido peleando incluso después de perder su vivienda. Ha tenido suerte de encontrar a un juez que se cuestionó si era abusivo y opuesto al derecho europeo que no poder pagar una cuota de un crédito a 33 años, suponga dar por vencido, anticipadamente, el resto del crédito. Se preguntaba el juez si no es un obstáculo al derecho de los consumidores que, por ejemplo, esta cláusula de vencimiento anticipado no pueda ser declarada abusiva, ni siquiera alegada en su defensa por el ciudadano hipotecado en el procedimiento ejecutivo que le echará de su casa. Sometió el juez a cuestión prejudicial, además, si los intereses de demora eran abusivos. Y por último, preguntó si no poder oponerse ante la liquidación de la deuda que el banco presenta, aplicando estas y otras muchas cláusulas abusivas, se oponía opuesto a la Directiva 93/13 CE.

Doy por sabida la respuesta del Tribunal. Han sido muchos juristas los que, de forma creciente, han puesto en evidencia la desproporción y parcialidad de nuestras leyes. Entre ellos, los abogados de las familias afectadas, unidas en plataformas y los Grupos Stop Desahucios que ahora hace dos años nacieron al calor del movimiento 15M y prendieron en la fértil dignidad de miles de ciudadanos.
La sentencia que deja en evidencia nuestras leyes, tenía y tiene fuerza obligatoria general. Ahora no hay excusa para paralizar procedimientos ilegales y declarar, incluso de oficio, la nulidad de las actuaciones desde la admisión a trámite de las demandas ejecutivas. El Derecho Comunitario ha amparado a los desamparados por el derecho nacional. Esta vergüenza nacional debe hacernos reflexionar colectivamente, y preguntarnos: si la norma era clara y aplicable, lo siguiente.

1º ¿Por qué no ha sido fielmente traspuesta la Directiva 93/13, a fin de proteger a los consumidores españoles en igualdad con el resto de ciudadanos europeos, y especialmente de los abusos en la contratación hipotecaria?.

2º ¿Por qué las leyes procesales han impedido a los ciudadanos acudir a los jueces en esos casos?.

3º; ¿Dónde estaban los poderes del estado desde hace veinte años y dónde está ahora el gobierno, y el resto de poderes del Estado para parar esta sangría y reparar lo reparable?.

4º Cuando es evidente que ha existido complicidad con la banca de todos los gobiernos desde 1993 en contra de los ciudadanos, ¿existe remedio en un estado social, democrático y de derecho?.

5º ¿Por qué el Tribunal Constitucional avaló normas que según podemos observar diariamente y podemos deducir de la sentencia del TJUE violan derechos constitucionales y derechos humanos? 

6º Por último, ¿qué hacemos ahora las PAH y los Grupos Stop Desahucios, el millón y medio de españoles que firmaron la ILP, y los millones que se organizan cada día en plataformas ciudadanas? ¿ pedimos restablecer el orden constitucional o nos ponemos de acuerdo para constituir un verdadero acuerdo social?

Cada uno debe atenerse a los hechos y sacar sus propias conclusiones pensando en salidas y respuestas de futuro que no nos mantengan en el engaño. Este pueblo no ha parado de seguir a los tramposos, de creerse ignorante, de vivir acomplejado ante Europa, cuando cada ciudadano lleva la semilla de su propia liberación.

Mi posición es que, hagamos lo que hagamos, lo realicemos desde la mayoría sufriente de hoy, desde los cimientos, desde la ciudadanía que cree en que, ella misma y por ella misma, tiene el derecho y la obligación de construir UN ESTADO SOCIAL (YA NO QUEDA NI RASTRO) DEMOCRÁTICO (NO DE ESTAFA ELECTORAL) Y DE DERECHO.

UN ESTADO DONDE LOS GOBERNANTES NO VIOLEN IMPUNEMENTE LAS LEYES, DONDE TENGAMOS EL ORGULLO COLECTIVO DE QUE RESPLANDEZCAN LOS DERECHOS HUMANOS PORQUE LOS CIUDADANOS LOS EXIJAN Y LA JUSTICIA LOS HAGA EFECTIVOS.

REAL PROPAGANDA

Cuando todo va mal para la mayoría, y mejor que nunca para una minoría cada vez menor, aumenta la intensidad de la propaganda para convencer a los incautos súbditos de la imposibilidad de convertirse en ciudadanos, de que su destino es vivir alabando al poder y la riqueza.
Anoche sembraron semillas de ignorancia y conformismo.
Anoche, el parásito más real osó intentar convencernos del privilegio que es para los españoles que Franco se fijara en él y nos lo nombrara su sucesor.
Aceptar a un rey es dar por sentado que no podemos dejar de ser súbditos, que renegamos de nuestra condición de ciudadanos al aceptar que se nos imponga a uno por encima del resto, sin ser elegido, sin responder de nada ni ante nadie.
Es la negación del valor de la igualdad. Ese señor que ayer decía que había que incrementar la justicia y la igualdad entre los españoles es el mismo que se erige en detentador de un poder ilegítimo, ilógico, de la discriminación más profunda. El que sin razón conocida ha hecho una fortuna de dimensiones incomprensibles, se nos presenta como paladín de la igualdad. El que dice que se preocupa del paro es el sabe que nunca lo sufrirá ni él ni su familia, pues su trabajo es lucir palmito por los salones del mundo del poder.
Me da vergüenza ajena, no puedo asimilar. como alguien puede tener de si mismo la imagen de ser muy campechano, y dejar en evidencia que se cree un ser muy superior al resto de los mortales mandando callar al Presidente elegido repetidamente por el pueblo venezolano.
En los dos últimos años se ha evidenciado que este señor carece de todo lo que presume. El gran logro de la transición, la Constitución de 1978, se convierte en su coartada, una falsa coartada, pues así se evidencia los derechos que reconoce mientras sólo mantienen vigencia los fundamentos de un poder ajeno al pueblo, y de las trampas que hacen imposible el ejercicio de la plena soberanía popular.
Para consolidar ese poder unos cuantos políticos muy representativos del régimen real, han creado una Fundación para proteger el tinglado.

Son los mismos que ya han convertido en patrimonio particular la bandera, haciéndola heredera de la anterior, los que ahora se envuelven en una constitución de la que seguro no reclamarán por ejemplo el cumplimiento del artículo 1.2, 14, 24, 35, 47, o 128, por poner algunos ejemplos.

La realidad de España es la prueba del delito que no puede ser desmentida por la propaganda. Ha llegado el momento de ser denunciante o cómplice de una trama criminal que permite el robo de las grandes empresas, bancos y la corrupción de los que debieran protegernos de ellos.

No hay margen para la mentira de la propaganda real.

EN LAS FRONTERAS DEL DOLOR.

  Revisando el correo de muchos días atrás, me he encontrado con esta reflexión de mi amigo Esteban Velázquez Guerra. Es un cura revolucionario, compañero de otros que leen el Evangelio con los ojos de los de abajo, estuvo en El Salvador, hoy está en Marruecos. Siempre cerca de donde golpea la injusticia, en las trincheras de los desposeidos, en las fronteras del dolor.




FIN DEL MUNDO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO CON LOS INMIGRANTES EN EL MONTE GOUROGOU



Si creer en la llegada (inminente o no inminente) de cualquier fin del mundo o de época desde cualquier convencimiento (maya, cristiano o el que sea……todos muy legítimos y respetables) tiene como consecuencia de hecho el disminuir nuestro nivel de compromiso con la transformación de esta sociedad hacia una mayor justicia y felicidad global, no quisiera participar de esas creencias. Seria una versión más de ese opio del pueblo con el que bastante acertadamente Karl Marx describía el papel de determinadas creencias religiosas cristianas de su época que promovían desentenderse de hecho (no en teoría) de la trasformación del “mas acá” en nombre del “mas allá”.



Pensaba todo esto en la víspera de la fecha señalada por algunos como posible fin del mundo o fin/comienzo de época , el 21 de Diciembre del 2012, cuando me encontraba acompañando a Médicos Sin Frontera en el Monte Gourougou en su tarea de atención médica y humanitaria a cientos de inmigrantes que desde ese monte intentan una y otra vez superar esa valla de 6 metros de alto que separa Melilla y Nador , Europa y África, mundo rico (aunque menos en algún sitio, sigue siendo rico) y mundo pobre .

Los heridos tras el intento del día anterior configuraban un triste espectáculo de sufrimiento, piernas y manos ensangrentadas y rajadas, jóvenes renqueantes con improvisados bastones de ramas de árboles… Muchos de ellos llevan meses y años recorriendo diferentes caminos de África para llegar aquí o meses y años de esperas y reiterados y fracasados intentos para conseguir llegar a su meta en Melilla.



No es mi pretensión en este artículo entrar en mayor análisis de la situación de los inmigrantes en general ni los que llegan a esta valla de Nador/Melilla en particular, sino expresar dos deseos que me brotan desde el fondo del alma, a propósito de la coincidencia de nuestro encuentro con esos inmigrantes con la fecha del anunciado final/comienzo de mundo/época y la cercanía de Navidad. Los expresaré en la forma que, como discípulo de Jesús de Nazaret, me nace expresarlos: en forma de oración. El primer deseo: ¡Señor, si alguna vez llega realmente el fin de este mundo, de esta historia de la humanidad tal y como la conocemos, que ese momento nos encuentre a todos activamente trabajando por reducir o eliminar el sufrimiento de los mas desfavorecidos de esta sociedad! Me llegaban noticias que para preparar el anunciado fin del mundo algunos se iban a lugares donde, según ellos, se condensaba mas energía, otros se habían preparado lugares apropiados para disfrutar sus últimos momentos en este mundo……pero ¿puede haber un lugar de mas energía positiva que allí donde, de múltiples maneras y en múltiples lugares, el amor humano se vuelca en solidaridad real y gratuita? ¿Y puede haber placer mas hondo del ser humano que hacer el bien por amor? Y el segundo deseo-petición : ¡que no llegue ese final/comienzo sin que hayamos conseguido por nosotros mismos la justicia y la paz que nuestra humanidad está llamada a conseguir como su vocación mas sagrada! ¡Qué ningún Dios, ninguna creencia , ninguna cosmovisión, ningún proyecto socio-político, ninguna utopia alternativa nos evada de esta tarea prioritaria! ¿Seria justo y deseable que llegara ese final/comienzo sin que las muchas vallas geográficas y de otros muchos tipos que dividen y hacen sangrar a la humanidad sean derribadas? Del futuro poco sabemos con total seguridad científica sobre como será o si habrá un final o un cambio espectacular o no, pero lo que si sabemos es que mientras tanto el mundo sangra (“Y sin embargo es bello” como diría Galeano) y en nuestras manos está la posibilidad real de eliminar mucho sufrimiento para que nada impida la belleza de un mundo hermanado. Quien ama no dejara de trabajar para que disminuya el sufrimiento del amado este lejos o este cerca cualquier cambio sustancial del mundo, de una época o de un paradigma de la humanidad. ¡Que ningún final/comienzo de nada sea motivo de distanciamiento o enfriamiento del compromiso con aquellos que desde siglos, casi desde el comienzo de la historia de nuestra Patria Humanidad, les ha tocado sufrir de diferentes maneras y de forma mas intensa las consecuencias de las injusticias de los hombres y que solo los hombres, en sinergia con todas las energías positivas del cosmos, estamos llamados a superar y remediar!. Y nosotros cristianos ¡que ninguna conmemoración navideña de la Encarnación/Implicación de Dios en la historia de los hombres para liberar desde el empobrecimiento y abajamiento voluntario y el amor sin fronteras, nos disminuya un ápice la energía rebelde y tierna de los verdaderos discípulos del profeta de Nazaret!. ¡Feliz Navidad, Feliz 2013 y feliz futuro, siempre posible desde la solidaridad con los últimos.