"Respuestas Ciudadanas a la Crisis" por Manuel Delgado

Propuesta de reforma electoral

INTRODUCCION
Aunque no existe el sistema electoral perfecto, si podemos tratar de combinar las
herramientas que unos y otros nos proporcionan para acercarnos al más acorde con lo que, podemos convenir, facilitaría la expresión más fiel de la voluntad popular y el control de su cumplimiento de manera transparente por los elegidos, con lealtad, al menos, a los fines que persiguen los ciudadanos.
La propuesta prioriza la proporcionalidad, que es esa necesaria igualdad de las
opciones para competir por el voto ciudadano y de la capacidad de cada ciudadano para decidir. La actual ley electoral fomenta, contrariamente, la estabilidad de un gobierno laminando que el poder legislativo pueda quedar controlado por minorías indeseables. Entre esas posibles minorías, también se optó por favorecer a las minorías ideológicamente afines (nacionalistas vascos y catalanes).
La ley electoral que hoy pretendemos cambiar estaba perfilada para que las fuerzas
conservadoras partieran con ventaja en el resultado final. Para ello, por un lado, se premiaba las circunscripciones electorales de territorios conservadores (Dos Castillas, la Rioja, Extremadura) estableciendo un mínimo de 2 diputados por provincia, por otro lado, penalizando los territorios inicialmente más dinámicos de nuestra sociedad (Madrid, Barcelona, Andalucía, Asturias) lo que se traduce en que
el coste en votos de un escaño fuera muy diferente para los distintos partidos políticos. Así mismo, las listas cerradas y bloqueadas permiten al partido ejercer sobre el elegido un poder absoluto, desconectándolo del votante y relegando al elector a ser un sujeto eminentemente pasivo en la vida política.

La Comunidad Autónoma, a diferencia de la provincia, es el reflejo de la realidad política y social y del modelo de Estado que contempla la Constitución. Hasta tal punto, que sirve de excusa para establecer una segunda cámara con ese fin. Si todas las comunidades autónomas tuvieran el peso proporcional atendiendo a su población, o lo que es lo mismo, si todos los ciudadanos estuvieran igualmente representados, ¿para qué una segunda cámara?.
Ambas cuestiones se resuelven con un doble reparto de los escaños. El primero asignaría los diputados correspondientes a cada comunidad autónoma y, establecido el número de diputados proporcional a la población de cada comunicada autónoma, se haría un segundo reparto de éstos por provincias, en las comunidades con más de una provincia.

La segunda prioridad es la responsabilidad de los representantes ante el cuerpo electoral, incorporando la elección directa de los mismos en lista abierta.

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS DE LA REFORMA ELECTORAL
 PROPORCIONAL E IGUALITARIO.- Que el precio en voto de cada Diputado sea
similar en cualquier lugar de España.
 VINCULACION ENTRE EL ELECTOR Y EL ELEGIDO.- Establecer lazos y
responsabilidad de la gestión encomendada por el elector a su representante a través
del programa electoral y una gestión leal y ética del mismo.
 DESARROLLA EL MODELO AUTONOMICO RECOGIDO EN LA
CONSTITUCIÓN.- Es decir, cumpliendo con la misma en cuanto a los mínimos que en ella se exigen respecto a la regulación electoral (circunscripción electoral provincial y un mínimo de escaños inicial por provincia, en el artículo 68 de la Constitución), y de manera más fiel que la actual ley electoral al modelo de Estado Autonómico .


PROPUESTA CONCRETAS
1. El Congreso de los Diputados contara con un máximo de 400 diputados de los que 350 diputados que se repartirían entre las distintas Comunidades Autónomas de manera proporcional al censo de población que tengan, y se crearía un colegio electoral estatal de un máximo de 50 diputados para repartir entre todos los grupos políticos que se presenten en todo el territorio Estatal y tengan una suma de restos de votos, sin asignación de diputados en las circunscripciones, iguales o superiores al coste de votos de un diputado.
2. A cada provincia le corresponde un mínimo inicial de un Diputado. Las
poblaciones de Ceuta y Melilla están representadas cada una de ellas por un
Diputado.
3. Los trescientos cuarenta y ocho Diputados restantes se distribuyen entre las
provincias en proporción a su población, conforme al siguiente procedimiento:
a. Se obtiene una cuota de reparto resultante de dividir por trescientos cuarenta y
ocho la cifra total de la población con derecho a voto en las provincias peninsulares e
insulares.
b. Se adjudican a cada comunidad autónoma tantos Diputados como resulten, en
números enteros, de dividir la población de derecho provincial por la cuota de
reparto.
c. Los Diputados restantes se distribuyen asignando uno a cada una de las
Comunidades Autónomas cuyo cociente, obtenido conforme al apartado anterior,
tenga una fracción decimal mayor.
4. De igual forma se harán el reparto inicial y provisional de los escaños por provincias, cuando
haya más de una provincia.
5. El reparto de los escaños que correspondan a cada provincia no se conocerá hasta recontar el voto emitido. El número de escaños inicial servirá para saber el número de candidatos a presentar en cada
provincia por cada candidatura. Será éste el número inicial de escaños más uno por cada 5 asignados o fracción.
6. Obtenido el voto emitido en la jornada electoral (numero votantes que han acudido a la urna en cada provincia y comunidad) se hará el reparto definitivo que corresponde a cada provincia, conforme al siguiente procedimiento:
a. Se obtiene la cuota de reparto dividiendo el numero de votantes reales total de la comunidad autónoma por el número de escaños que corresponda y asignados según el punto 3, una vez restados tantos diputados como provincias, es decir, los correspondientes a la asignación inicial mínima que es de uno por circunscripción. En el ejemplo de Andalucía con el censo de las últimas elecciones generales, le corresponderían 62 escaños. Son dos más de los que tiene con la ley actual. El total de votantes reales se divide por 54 (62-8, resultado de restar a los 62 uno por cada una de las 8 provincias). El cociente es la cuota de reparto de escaños por provincias.
b. Se adjudican a cada provincia tantos diputados como resulten, en números enteros,
de dividir el voto emitido en cada provincia por la cuota de reparto.
c. Los Diputados restantes se distribuyen asignando uno a cada una de las provincias cuyo cociente, obtenido conforme al apartado anterior, tenga una fracción decimal mayor.
d. El Decreto de convocatoria debe especificar el número de Diputados a elegir en cada Comunidad Autónoma, y el inicial a cada provincia de acuerdo con lo anterior.

7. Candidaturas.- Los partidos políticos o coaliciones electorales presentaran en cada circunscripción electoral un número de candidatos igual al que a cada provincia le corresponda inicialmente según población, es decir lo que correspondería según el censo electoral de cada provincia, incrementado en uno  más por cada cinco de la cifra obtenida más tres reservas. Así prevemos una mayor asignación de escaños a una provincia como resultado de una mayor participación electoral en la misma, es decir cuando haya acentuadas diferencias entre el voto potencial de derecho y el voto real emitido.

7. Votación.- La papeleta incluye, en la misma papeleta, pero separadamente, cada candidatura con la lista de candidatos por el orden que el partido decida.
El elector puede votar a una candidatura completa o repartir el voto votando individualmente hasta el máximo de candidatos de diferentes opciones electorales, como sea el número de los incluidos en cada candidatura.
8. Recuento.- 1.- Cada voto a cada candidato de un partido se contabiliza como un voto a esa candidatura, a efectos de reparto. Es decir, se han de recontar primero el total de votos a candidatos de cada  partido y después se ordenan de mayor a menor, dentro de cada lista, los votos a cada candidato. Coincidirá el número de votos total a candidatos de una lista con el número de votos que obtiene cada candidatura.
9. La cuota de reparto para asignar escaños que corresponderán a cada partido o coalición, se obtiene de dividir el total de votos a candidatos de todos los partidos por el número de escaños finalmente asignados a esa provincia.
10.Esa cifra total de los votos obtenidos por cada partido se dividen por la cuota de reparto, obteniendo el número entero de diputados obtenidos.
11.Los Diputados restantes no asignados directamente se distribuyen asignando uno a cada una de las candidaturas cuyo cociente, obtenido conforme al apartado anterior, tenga una fracción decimal mayor. Dicho escaño se asignará al siguiente candidato de dicha candidatura con mayor número de votos.
12. Las provincias con mas de 10 diputados se dividirán en distritos electorales que funcionarán como si fuesen provincias de una comunidad autónoma a los efectos de este sistema, con la salvedad de que sólo tendrán un único diputado de asignación provincial.
13. Repartidos y asignados los 350 escaños, se sumarán los restos de votos obtenidos en todo el territorio nacional que las candidaturas hubiesen obtenido pero que no sirvieron para obtener escaños por ser insuficientes, pero que sumados fuesen superior a la cuota de reparto obtenida de dividir el número de votantes total del Estado, por 350.

14. Asignación de los escaños a los candidatos.
En cada circunscripción se adjudican los escaños obtenidos por cada partido a sus candidatos más votados.
Los partidos que obtengan diputados del colegio de restos asignarán estos escaños a los candidatos más votados, sean de donde sean, que hayan obtenido más votos.

BREVE EXPLICACIÓN DE LAS PROPUESTA

Este sistema funciona de forma muy parecido al de circunscripción única que se emplea en las europeas, en cuanto a proporcionalidad, pero tiene la virtud de una representación igualitaria según la población de los territorios de las Comunidades Autónomas que hace que éstas estén plenamente representadas en cuanto a sus intereses, sin que sea necesaria una segunda cámara, si así se decide en una reforma constitucional.
Sólo con este cambio dentro de las exigencias de la Constitución ya habríamos avanzado de forma significativa en la consecución de los objetivos. Pero hemos pretendido ser más ambiciosos aunque para ello tengamos que pagar el precio de la complejidad del diseño, de una explicación más precisa y de una mayor complejidad en su aplicación práctica. Sin embargo todo ello es salvable con los medios técnicos que en la actualidad se tienen y son posibles aplicar al recuento, que es lo más complicado. Pensamos que el objetivo de conseguir la igualdad y la libertad de elección de los ciudadanos, que nos proponemos, que las instituciones sean el fiel reflejo de la sociedad a la sirven, lo merece.
Hemos partido de la idea de que cada voto emitido debe servir y tener igual poder de elección. Para ese fin, tenemos que partir necesariamente del número de votos emitidos para obtener la cuota de reparto por escaño, dentro de cada Comunidad Autónoma, antes de repartir por provincias si hay más de una. Lógicamente, esa cuota de reparto sirve para establecer cuantos diputados tendrá cada provincia dividiendo el voto emitido en esa provincia por la cuota de reparto.
Se evita que existan diferencias de coste del escaño dependiendo de la participación habida en cada provincia y además se incentiva la participación electoral.

VINCULACIÓN, PROGRAMÁTICA Y PERSONAL, ENTRE EL ELECTOR Y EL ELEGIDO

Se viene manteniendo que este principio no es posible hacerlo efectivo, salvo que se establezcan circunscripciones uninominales y por tanto muy pequeñas, con listas abiertas. Es decir con un sistema mayoritario, en el que los votos, que no sirven para elegir al único escaño asignado, son inútiles. Así ocurre también con el sistema establecido para el Senado, en el que son cuatro los senadores por provincia y son elegidos en listas abiertas, pero en el que son despreciados los votos de los que no están entre los más votados.
Sin embargo, podemos hacer compatibles un sistema de listas abiertas con el reparto proporcional del voto en la asignación del escaños, es decir, aquél donde todos los votos a cada candidato tengan igual valor y además exista la posibilidad de vinculación del Diputado elegido, a su formación y a su programa, pero sobre todo a los electores que son los que eligen directamente entre todos los posibles candidatos de listas cerradas pero no bloqueadas dentro de cada candidatura, y abiertas todas como oferta al elector.
Sólo hay que establecer que se votará a los partidos a través del voto a sus candidatos, lo que quita el poder a los aparatos, y serán los partidos lo más interesados en escoger a los mejores candidatos que serán los más fieles a su electorado, los más capaces, y no los más fieles a los líderes y subordinados al partido. Para lograr ser candidato se tendrá que estar en permanente contacto con la realidad de los electores y los partidos lo incentivarán pudiendo ser necesario y la mejor campaña organizar primarias abiertas. Además se elegirá a los partidos que fomenten mecanismos de participación, revocación y control por parte de los electores.
Otros cambios necesarios estarían ya en otras reformas legales o constitucionales para someter al cumplimiento de los programas sometiendo a los elegidos a voto imperativo de las propuestas concretas de los mismos, procesos revocatorios,etc . Los referéndum vinculantes propuestos por un número de diputados o de electores no muy alto, las medidas de control presupuestario, de transparencia en la contratación y acceso al empleo público, las medidas penales con eliminación de todos los fueros, etc, se harían igualmente imprescindibles.

JURISTAS EN LUCHA

Cada uno vive la realidad de acuerdo a sus circunstancias, pero no es menos cierto que hoy todos nos sentimos interpelados, a poco que tengamos una mínima sensibilidad, por la extraordinaria gravedad del conflicto social, provocado por el irregular funcionamiento de los mercados financiero e inmobiliario, que está derivando en el colapso de la economía productiva, en la incapacidad manifiesta de nuestro sistema político por las vías de la representación. A ello viene a sumarse que, ahora sabemos, antes de esta situación todas las instituciones de las que nos habíamos dotado, no sólo no han previsto este escenario, sino que lo han propiciado, más consciente que inconscientemente.

Es tal la gravedad de la situación, que han tenido que ser los ciudadanos alarmados, los más conscientes, los más honrados, los mejor preparados y valientes, los que, directamente y sin otras armas que la palabra, desde el 15 de Mayo de 2011, estén poniendo en dedo en la llaga, canalizando la catarsis colectiva, y generando las vías de salida y de esperanza; por muy duras que puedan parecer, por muy apartadas de otras vías que ya han demostrado su ineficacia.

Como jurista, es decir como persona defensora del derecho, de las vías establecidas por la ley para garantizar un sistema de convivencia justo, garante de los derechos humanos y de todo el patrimonio que a lo largo de la historia ha generado el ser humano para evitar el caos, la violencia, la guerra y, en definitiva, el imperio de la fuerza sobre la razón, me siento doblemente interpelado. No tengo más remedio que reconocer que ni la ley, ni mucho menos su aplicación concreta, están a la altura de las circunstancias. No lo ha estado antes de esta estafa generalizada a la que llaman crisis, pero ahora es ya un evidente y lamentable el esperpento.

Mi única esperanza está en que se multiplique exponencialmente la contestación de la sociedad civil, que la alarma social se manifieste casi unánimemente, hasta el punto de que, sin derivar en el caos, surjan los resortes en la política y en los poderes del Estado, en sintonía con la misma, que dé respuesta a este no declarado estado de excepción.

Ese es el sentido que doy a mi participación en movimientos sociales. Por eso participé en la denuncia de José Luis Burgos, un afectado de la hipoteca contra el Banco de Santander, en los primeros meses del año pasado. Por eso viví, como la mayoría de la sociedad, con entusiasmo la fuerza regeneradora que despertó el 15M, por eso me sumé a los que, desde ese movimiento, comprendieron que había que aplicar la mayor fuerza social generada contra los bancos y en defensa del derecho a la vivienda. Por eso me sumo a cualquier iniciativa que tenga como fin la unidad y el empoderamiento de los ciudadanos contra los poderes financieros. Por eso hoy estoy en el Frente Cívico Somos Mayoría, promovido por Julio Anguita.

Pero sigo siendo abogado y no me resigno a dejar de buscar respuestas desde el derecho, porque no acepto que la letra de la ley tenga que estar vacía de toda justicia. Así lo están haciendo otros juristas, de los que los jueces sólo son el flanco más visible y, como ocurre siempre, los que abren caminos están condenados al oprobio, a la cruz de la ignominia. No me referiré a Garzón, ni más recientemente al juez Pedráz, de ellos ya se han hecho eco suficientemente los medios.

Quisiera hacer visible que hay otras luchas y otros luchadores por la justicia, dentro y fuera de la judicatura. Entre estos últimos, algunos jueces desconocidos pelean pero debo denunciar que no han tenido más remedio que ceder a las presiones de la banca, de los poderes financieros y políticos, no sin mostrar, más o menos soterradamente, su impotencia ante la respuesta de otras instancias y, en concreto, del poder legislativo. Se han plantado ante la estafa perpetrada por los poderes financieros y grandes sectores empresariales contra los ciudadanos y, de resultas, contra casi todos los españoles. Pero no han podido vencer, aunque en la derrota han dejado en evidencia a los “vencedores”.

En el año 2010, se dicto por la Audiencia Provincial de Navarra el Auto de fecha 17 de diciembre de 2010 en el que sostenía que el Banco abusaba de su derecho al pedir la ejecución de los bienes del deudor, después de haberse adjudicada una vivienda que estuvo valorada en mucho más valor que la deuda hipotecaria. Decía, uno de sus argumentos:

El artículo 3 del Código Civil, en apartado 1, señala que las normas se interpretarán según la realidad del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas, y ello nos obliga a hacer la presente reflexión, en el sentido de que, no constituirá un abuso de derecho, pero moralmente es rechazable que se alegue para intentar continuar la ejecución la pérdida de valor de la finca que servía de garantía al préstamo, que no se hubiera concedido si no hubiera tenido un valor suficiente para garantizar el préstamo concedido, que fue fijado por la entidad bancaria ahora ejecutante, o cuando menos aceptado, siendo que dicha pérdida de valor es directamente achacable a la crisis económica, fruto de la mala praxis del sistema financiero, que repetimos, aun cuando no quepa atribuirla directa y especialmente al BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, sí que no deja de ser una realidad que forma parte de los protagonistas de dicho sistema financiero, y de ahí que resulte especialmente doloroso, que la alegación que justifica su pretensión, esté basada en unas circunstancias que esencialmente y como vulgarmente se dice, ha suscitado una gran sensibilidad y levantado "ampollas".

Pues bien, como resultado de una cuestión de inconstitucionalidad plateada por un Juez de Sabadell, contra el sistema de ejecución hipotecaria español, que ha sido avalado por el Tribunal Constitucional, y de la modificación de la Ley de Procedimiento Civil, por el PSOE en julio del año 2011, que subió del 50 al 60% de la tasación, el valor mínimo por el que el banco ejecutante puede pedir la adjudicación de la vivienda, junto la polvareda creada por éste y otros Autos discordantes, han llevado a dictar un Auto en sentido contrario a la misma sala de la Audiencia de Navarra.



En él se escuece el Magistrado FRANCISCO JOSÉ GOYENA, mediante un voto particular en dicho Auto, que, tras aceptar lo resuelto no deja de apuntar sobre su injusticia:

El legislador, en suma, no obstante las iniciativas políticas, sociales y aún legislativas de algunos Parlamentos autonómicos, no ha querido ir más lejos de lo que hubiera podido derivarse de lo resuelto en nuestro Auto de 17 de diciembre de 2010.
No puedo sino acatar tales decisiones, aunque pueda no estar de acuerdo por razones extrajurídicas, que, sin embargo, no me permiten discrepar de lo resuelto por la mayoría de este tribunal, por ser correctamente ajustadas a Derecho.

(….) acerca de mi voluntad de hacer una serie de consideraciones al hilo de la justificación del cambio de criterio, respecto de lo resuelto por el Auto de 17 de diciembre de 2010, he de partir de que los ya mencionados hitos: sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 19 de julio de 2011 y reforma legislativa operada por el RDL 8/ 2011 , de 1 de julio, determinan que deba asumirse la realidad que ha mantenido el legislador y en este sentido hemos de reiterar, que ha quedado claro y no podemos obviarlo que éste no ha querido ir más lejos. Ya no es un problema de interpretación o valoración, sino de sujeción al ordenamiento jurídico. En suma deberán ser otras instancias: legislativa, ejecutiva, política, social, las que puedan o quieran implementar nuevas medidas o soluciones a la dramática situación que plantea la ejecución hipotecaria, en el marco de la crisis económica y financiera, en que se debate el país.
En otro orden de cosas y dado que no ha tenido ocasión quien formula el presente voto particular, de manifestarse sobre dicha problemática, no habiendo considerado procedente hacerlo en otros ámbitos o foros extraprocesales, no me queda más remedio, saliendo al paso de feroces críticas, que por algunos sectores, especialmente financieros, se hizo del Auto de fecha 17 de diciembre de 2010, (…) que poner de relieve que no sólo se han visto contrastadas por la realidad, sino que la evolución sufrida desde aquel lejano diciembre de 2010, si era calificable de "difícil" y dramática para los ejecutados hipotecarios, a fecha de hoy quien suscribe no alcanza a poner calificativo, cuya fecha de caducidad se revela tan apremiante como cada día que pasa, y sin que dicha evolución haya desviado el punto de vista hacia otros agentes o instituciones, en cuanto a la posible responsabilidad de dicha situación, como ya exponíamos.

Me remito y vuelvo a insistir, en que sólo me hago eco de lo que reflejan los medios de comunicación, expertos, responsables políticos y económicos o simplemente lo que las redes sociales exponen en el día a día.
(….)
Fenómenos sociales como el 15 M, o comentarios de juristas y expertos - a favor y en contra-se hicieron eco de la necesidad de buscar una solución justa.

(…Han existido] propuestas más progresiva, en consonancia con la regulación de otros ordenamientos. En este sentido cabe destacar las iniciativas de algunos Parlamentos autonómicos; las propuestas de algunos políticos, ciertamente de formaciones minoritarias frente a los dos partidos hegemónicos estatales, y en fin la idea de avanzar en soluciones como la dación en pago….



Es evidente que son los jueces los que sentencian, pero casi siempre es, mucho más en derecho civil, a demanda de una parte y de sus letrados. Son muchas las líneas que estamos planteando, o estudiando plantear, desde la defensa de los afectados por la estafa inmobiliaria, pero ninguna sería tan eficaz como la que vinieran de afrontar todas las consecuencias jurídicas de la complicidad manifiesta de los poderes públicos, de todos los ámbitos, en el descontrol interesado del mercado financiero e inmobiliario, afín de elevar artificialmente el precio de la vivienda, en un mercado especulativo sin control público, contrariamente a lo dispuesto en el artículo 47 de la Constitución; y, en el presente, en el colapso de ese mismo mercado, del que siguen obteniendo extraordinarios beneficios sociedades nada trasparentes, en operaciones que lo son aún menos, de las entidades bancarias, trasmitiendo las viviendas “obtenidas” como consecuencia de los lanzamientos y de la total ausencia de compradores en las subastas hipotecarias.

Para ilustrar el trabajo que realizamos, quiero comentar una línea de actuación, que entiendo podrían emprender los que crean que, en un futuro próximo, no van a poder pagar la hipoteca, y quieran revisar sus condiciones.

Tiene un nombre raro, es la doctrina de la cláusula “rebus sic stantibus”. De acuerdo con esta doctrina, en todos los contratos se considera que existe una cláusula tácita, (no escrita) según la cual la permanencia de las condiciones del contrato, tal como fue convenido por las partes, depende de que se mantengan las circunstancias existentes en el momento de la conclusión del mismo, de tal forma que si sobreviene un cambio importante en el estado de los hecho existente o contemplado por las partes al contratar, podrá revisarse el contenido de las obligaciones para compensar el desequilibrio de las prestaciones.

No existiendo una norma expresa que recoja esta doctrina, para estos casos debería ser la jurisprudencia, sustentada en los principios generales de la buena fe y el justo equilibrio de las prestaciones, ante la modificación sobrevenida e imprevisible de las circunstancias, la que actúe. El Tribunal Supremo aplicó esta doctrina en sentencia de 13 de junio de 1944, en un caso relativo a un contrato de venta de aceite de oliva que incrementó notablemente su precio como consecuencia de la guerra civil. El TS estimó que el conflicto bélico era una justa causa para suspender la obligación de entrega y, además, rebajó la cantidad de aceite que había de entregarse debido al extraordinario incremento del precio.

Concurren a mí entender, todos los presupuestos para que pueda entrar en juego, en la mayoría de los contratos de créditos hipotecarios, la cláusula “rebus sic stantibus”, que son según la doctrina:

1.- Que se trate de contratos de larga duración, tracto sucesivo o ejecución diferida.
Son pocos los contratos de más larga duración que las hipotecas de 40 años.

2.- Que se produzca una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes en el momento de cumplir el contrato, en relación con las concurrentes al tiempo de su celebración.
Los bancos mantenían que no existía ninguna burbuja, que los precios nunca bajarían y una crisis como la actual sólo ellos, aunque lo nieguen, y algunos economistas críticos, pero no los ciudadanos comunes, podían preverla.

3.- Un desequilibrio exorbitante, fuera de todo cálculo, entre las prestaciones de las partes.

Tanto los que estén pagando toda su vida, como los que sean ejecutados, pierdan su casa y respondan con todos sus bienes por el resto, no van a obtener lo que motivó la firma del contrato por razones que, no sólo son ajenas a ellos, sino que son responsabilidad del sistema financiero.

4.- Que todo ello acontezca porque sobrevengan de circunstancias radicalmente imprevisibles.

Creo que eran previsibles pero, nunca para los que las están sufriendo, sino para los que las han traído con su actuación dolosamente predeterminada.

5.- Que no exista otro medio jurídico para compensar ese desequilibrio.

En este sentido, no cabría otra manera que revisar dichos contratos.

Me refiero a los de los ciudadanos hipotecados con sus bancos, lógicamente, no se darían las mismas circunstancias en las grandes empresas inmobiliarias, esas que soplaron junto con los bancos la burbuja inmobiliaria, ni la de aquellos que compraron siete viviendas al mismo tiempo. Estamos hablando de los compradores finales de su única vivienda.

Si como resultado de estas revisiones, los bancos españoles no pueden devolver, a los alemanes por ejemplo, el dinero que tan alegremente les prestaron, como de todas formas está ocurriendo, se imponen las quitas, las moras o este mismo planteamiento, sin que sean los impositores, sino los accionistas los que se vean afectados. Mucho menos, debemos ser afectados los ciudadanos de todo el país, por medio de la pérdida de derechos y las subidas de impuestos los que paguen los platos rotos por otros en su exclusivo beneficio. A eso es a lo que le llamamos la deuda odiosa, ilegítima que además es impagable.

En otros artículos me referiré a otros medios de defensa, pero ninguno se va a plasmar en sentencias si la presión social no es enorme, en la defensa de cada familia y de soluciones globales.
Ya el hecho de llevar estos argumentos a los tribunales es muy complicado, pues los afectados, si es que acuden a un abogado, lo hacen una vez interpuesta la demanda ejecutiva, cuando ya tienen señalada la subasta o el desahucio. En esos casos ya sólo cabe negociar con la presión de la solidaridad entre ellos y con los ciudadanos más intolerantes ante las injusticias.

¿QUÉ HACER? Una aproximación personal.

No nos representan, decimos. Han sido elegidos, pero engañando al pueblo diciendo lo que harían, y no harían nunca, para inmediatamente hacer lo contrario y lo mismo, pero más duramente, que el anterior traidor a su programa y al pueblo. ¿Sólo podemos elegir a quien queremos que nos traicione?. Han sido elegidos, pero con un sistema electoral que sólo permite escoger el mal menor entre dos males casi idénticos. Hasta ahora, cualquier otra elección de gobierno está descartada en la práctica. No es proporcional el resultado a lo que el pueblo vota. Unos votos ciudadanos valen más que otros, y se necesitan muchos votos para elegir a un diputado que no esté a las ordenes de los amos de las finanzas. No escogemos personas, sino bloques de adictos a los aparatos del partido, a los que nunca veremos en nuestro pueblo y barrios dando cuenta de sus gestiones y votaciones contra los ciudadanos.
No nos representan sobre todo sus decisiones, su política, que casi nunca es la nuestra. No podemos decidir directamente las cuestiones que nos afectan, las leyes lo hacen imposible en la práctica. La solución no es terminar con los políticos, sino arreglar, hacer real la democracia. ¿Cambiaremos la Constitución? Claro, cuando podamos, pero antes vamos a estrujar lo que podamos de la que tenemos. Hasta construir una mayoría que lo haga posible. ¿Vamos a cambiar la ley electoral? Claro, debería ser antes de abordar la reforma constitucional porque sin ella nunca tendremos fuerza en el Congreso para eso, y la otra opción es la calle de enmedio que siempre va a ser un callejón oscuro y una trampa para los más débiles. No hay ya ninguna opción distinta a intentarlo por las buenas, usando el poder de una mayoría organizada para cambiar lo más urgente y necesario al mismo tiempo que hacemos real la democracia.
¿Cómo lo haremos? Combinando la respuesta con la apuesta, la acción defensiva, con la ofensiva en base a propuestas casi unánimes. NECESITAMOS MÁS DEMOCRACIA, DEMOCRACIA VERDADERA, SOBERANÍA DEL PUEBLO, PARA HACER LA POLÍTICA QUE CONTROLE Y SOMETA A LOS MERCADOS, A LOS PODERES FINANCIEROS, USANDO LA FUERZA DE UNA VOLUNTAD POPULAR ORGANIZADA. YA, SIN INTERMEDIARIOS, SON ELLOS O NOSOTROS.
LA ACCIÓN Y EL PROGRAMA DEBEN IR JUNTOS:
Las instituciones están obligadas a representarnos en democracia. No pueden tener otra opción, no van tener otra opción que hacerlo, porque las elegimos y pagamos nosotros y deben hablar nuestro idioma, de nuestros problemas y de nuestras soluciones. Hasta ahora los ciudadanos se limitan a escuchar las mentiras de los gobernantes, y a sentir miedo de no obedecer sus dictados. Ahora van a tener que escuchar los que dicen que nos representa y seremos nosotros los que digamos lo que hay que hacer, lo que es inevitable hacer. ¿Cómo? Empezando por lo cercano, con las victimas más agredidas como bandera y dirigiéndonos a las instituciones más cercanas: los ayuntamientos. Los alcaldes y concejales tienen que ponerse al frente de nuestras demandas, sí o sí. Ayer el Alcalde Montoro, estaba por segunda vez a las puestas de BANKIA, defendiendo a la segunda familia afectada de su pueblo.
Es del PSOE, pero si forzamos la máquina, todos los alcaldes que no quieran verse despreciados por su pueblo deben decidir que todos los instrumentos del poder municipal se van a poner al servicio de los ciudadanos, contra los bancos, contra los recortes y en defensa de los derechos humanos elementales de los ciudadanos a la alimentación, el techo, la salud, la educación y a la protección social.
Ganado el ámbito municipal, vamos a por las Comunidades Autónomas y, cuando éstas se den la vuelta, se cambien de trinchera, ya sólo nos quedará un paso para llegar a Europa, el núcleo duro del poder contra los ciudadanos.
Paralelamente, vamos a concretar un programa y una estrategia priorizando las medidas que más acuerdo conciten, más beneficios produzcan, más daño eviten a más personas, más debiliten a los poderosos, más nos unan y fortalezcan, más extiendan el poder que los ciudadanos vamos a construir desde abajo, en el FRENTE CÍVICO SOMOS MAYORÍA.

DE MASA SILENCIOSA A MAYORÍA EMPODERADA

He visto muchas veces a gente que no sabe que es manada. Masa amorfa sin conciencia de que está siendo utilizada. Se me viene a la mente una manifestación enorme de apoyo a un cura banquero de mi tierra, el que hoy vive con una jubilación de cientos de miles de euros al año después de haber llevado a la ruina a la "La Caja de las personas" y a las personas también. Las veo cuando gana la "Roja" y millones de forofos olvidan sus derrotas diarias que se ven recompensadas por un puntapié oportuno; cuando masas enardecidas por la ira que se siente ofendidas ante una simple dibujo, seguramente de otro loco, se lanzan a desagraviar al ofendido profeta. Vienen a mi mente los exaltados de la plaza de Oriente. Y así, de recuerdo en recuerdo de hordas, mi mente me lleva una imagen muy repetida en mi niñez.
En fin, las hordas, siempre salvan a Barrabás. Esas mismas que y hoy acuden a la llamada de Rouco para que sea delito el amor, para quemar en la hoguera la maternidad responsable, la libertad sexual, para imponernos su moral casposa e hipócrita. Defensora de la familia de misa y rosario, o de veraneo en Marbella, o de rancio abolengo en la telebasura.
Esas masas, sin embargo, se están viendo golpeadas por la realidad. Cada día que pasa se les abre la tierra bajo los pies, se les agria el rostro. Aún viven de la herencia recibida, pero el espantapájaros de Zapatero está cada día más ajado. Pasa el tiempo y algunos sienten en carne propia, en sus hijos y nietos, los males comunes a otros que sintieron la misma desazón cuando fueron otros los traidores a los "suyos".
Nunca estuve entre los que confiaron ni en galgos ni en podencos, pero eso no me salva. No comparto el "ahora te jodes", porque es una excusa infantil que no ayuda a construir.
Yo no estuve el 25S en Madrid, como no estuvieron millones, por miles de razones que ninguna es que compartan que el pueblo tenga que sufrir tanta mentira.
Señor Rajoy, que quiere que le diga, lo siento pero no soy mayoría silenciosa. Soy mayoría silenciada porque aquí sólo habláis cada día en los telediarios los que tenéis muchas razones para callar. Porque otros muchos hoy solo comen si callan, porque otros no quieren saber lo que pasa, ni hacerse preguntas, porque tienen miedo a saber que pronto no le bastará con que gane su equipo, porque ya no tendrán televisión, ni casa, ni dinero para ir al bar a gritar contra el árbitro.

Se harán preguntas, ya se las están haciendo. Antes o después, sabrán la verdad. Ese silencio es la antesala de la tormenta. Esta sociedad está rumiando los golpes en silencio.
Cuando hable, me temo Señor Rajoy, que, ni a usted ni a sus amos, le van a gustar las respuestas.