lunes, 2 de diciembre de 2013

PROPUESTA DE FRENTE CÍVICO – JURÍDICO



INTRODUCCIÓN

En el Frente Cívico tenemos como objetivo y referencia la defensa de los Derechos  Humanos y la preservación de la vida en el planeta. 

Nuestros esfuerzos van orientados a que una gran mayoría haga de ellos un patrimonio irrenunciable, mediante la efectividad de los mismos en cada situación concreta, obligando a una actuación positiva de los poderes públicos, en ese sentido. 

Proponemos la formación de un poder, el de una mayoría organizada que no deje opción al poder institucional para ir contra los Derechos Humanos. Pero, al echar todo el peso de ese contrapoder, no podemos olvidar que también dentro de las instituciones hay funcionarios que se tienen que atener a la ley y, en particular, dentro de la administración de justicia se han dado pasos importantes que debemos apoyar y promover. En definitiva, no podemos renunciar a las armas que el derecho pone en nuestras manos porque partamos de su inutilidad o predisposición en nuestra contra. Esa estrategia, para mi, sería tan absurda como la contraria, la de pensar que podemos cambiar algo sólo desde la acción de los Tribunales de justicia, sin una amplia movilización social que respalde la actuación jurídica para conseguir una aplicación directa y efectiva de todos derechos que están recogidos en las leyes, la Constitución y los Tratados Internacionales firmados por el España, y que aunque son vinculantes para los que juraron cumplirlas en virtud del principio de legalidad, están siendo vulnerados. 

No podemos dejar los Derechos Humanos, ese patrimonio que la Humanidad ha conquistado con la fuerza de la sangre de las generaciones que nos precedieron, como si fuera un trofeo olvidado que acumula polvo en la vitrina de la historia del derecho. Ese patrimonio inmaterial es un arma y, al mismo tiempo, un objetivo irrenunciable. 

Un arma para denunciar un sistema atenta contra la humanidad desde sus propios fundamentos, y para deslegitimar a unas instituciones que son autoras, por acción, y cómplices, por pasividad, de las agresiones a la ciudadanía. Una ciudadanía que ha dejado de ejercer como tal porque ha perdido la memoria de sus derechos, de sus responsabilidades y que no es consciente de toda la grandeza del significado de esa palabra. Desempolvar, difundir haciendo pedagogía del contenido de los derechos y de los mecanismos para hacerlos valer, antes de que terminen con los unos y los otros, como se propone Gallardón, tiene que ser prioritario.

La experiencia en Stop Desahucios, sin triunfalismos, ha sido un banco de pruebas de la acción conjunta de la movilización social y del ejercicio de los derechos, más allá de las posibilidades de oposición y defensa ante una ejecución hipotecaria que las leyes procesales reconocían a los ciudadanos. Grupos reducidos de ciudadanos determinados a poner en valor el derecho a la vivienda digna, junto al trabajo de abogados, de algún que otro juez, justo más acá y más allá de la ley, hemos evidenciado las aberraciones del sistema económico, financiero, judicial y el papel de las instituciones en la estafa a millones de familias hipotecadas. 

Esa misma experiencia puede ser adaptada y mejorada ante las agresiones al derecho a la vivienda de los que nunca pudieron hipotecarse, al derecho a la educación y a la salud, públicas, universales y gratuitas, a la asistencia ante situaciones de postración y dependencia. Es sencillamente letal a todos los derechos, y necesitado de respuesta jurídica, la grave limitación de acceso a la tutela judicial efectiva por la implantación 
de las tasas judiciales o el deterioro del Servicio de justicia gratuita. En cuanto a los derechos civiles, se acrecientan los ataques al derecho a la información, se viola o se permite que, de forma arbitraria y sistemática, se viole el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, con la excusa de la seguridad. Se acrecienta y se preparan respuestas represivas como la reforma del Código Penal y el uso abusivo de las leyes sancionadoras, ante las aún minoritarias y pacíficas formas de contestación Los poderes públicos tienen que verse ante el espejo de sus propias leyes. Cuando las leyes no respondan a la efectividad de los Derechos, las leyes y los que detenten de forma desviada los poderes tienen que ser sometidos a la doble instancia del recurso ante los Altos Tribunales internos e internacionales y ante la más alta instancia de un pueblo que no puede doblar la rodilla ante quien tiene que servirlo. 

Todas las vías son útiles, todas las herramientas jurídicas y movilizadoras tienen que estar a punto y ser usadas coordinadamente. La acción penal ante tanta decisión injusta a sabiendas de su injusticia, ante tanto asalto a los bienes públicos y al bolsillo de los ciudadanos, tiene que servir para poner en el banquillo la evidencia prevaricadora.

La propuesta concreta inicial es que interpelemos al mundo del Derecho, desde dentro y desde fuera, (abogados y sus colegios, jueces, profesores de derecho, etc) para crear herramientas jurídicas, métodos de actuación concreta ante los Tribunales y las instituciones, propuestas de iniciativas legislativas, etc, en perfecta coordinación con el amplio y unitario movimiento ciudadano que queremos construir.

PROPUESTA

La idea es que enmarquemos colectivamente las acciones jurídicas en un estrategia global, es decir, que los juristas, un FRENTE JURÍDICO coordinado en todo el Estado, aportemos respuestas y propuestas que se correspondan eficazmente con esa estrategia. 

Tras el debate de Prometeo, en la línea y englobando la propuesta que ha llegado de Murcia sobre la interposición de una querella, propongo difundir públicamente una convocatoria al mundo del Derecho para crear un amplio grupo de juristas que se planteen, como lo hacemos muchos en solitario, la defensa del Estado de Derecho. Como hacemos (o deberíamos hacer también) en el ámbito político-social cada uno vamos difundiendo en nuestro entorno una visión de la realidad y una estrategia colectiva para cambiarla. El mundo del derecho es más complicado pero nos sentimos doblemente interpelados como ciudadanos y como amantes del imperio de los derechos y responsabilidades, más allá del instrumento a su servicio que es la ley y la administración de justicia. Hay grupos de abogados a los que podemos dirigirnos, de jueces y fiscales, y existe la necesidad de poner en valor lo que hacemos descoordinadamente. 

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