JUSTICIA, DERECHOS Y REBELDÍA (Borrador sobre propuesta de actuación jurídica coordinada dentro de una estrategia global)

             El propósito de este escrito es hacer una breve e incompleta auditoria del funcionamiento de las instituciones en las que se configuran los poderes del Estado, poniendo en la balanza los hechos concretos, la respuesta institucional que sería normal y esperable en garantía de los derechos y, poner a disposición de la sociedad las respuestas que el propio ordenamiento jurídico pone a nuestra disposición para corregirlas.

La realidad social, económica y política evidencian una profunda descomposición, frustración y alarma que ha penetrado en la mayoría de  la sociedad y se traduce en la vida de cada uno de nosotros/as.

Hay voces que dan por muerto el Estado de Derecho, ante su incapacidad para dar respuesta a la corrupción  que cuestiona el sistema institucional, al desmantelamiento de los derechos sociales, al deterioro de los servicios públicos, atacados por los recortes y la privatización, a los escandalosos índices de desempleo, de desahucios. En definitiva, que los ciudadanos estamos inermes para pedir la protección de los más elementales Derechos Humanos, mientras campa la impunidad de hecho, y la desigualdad de trato ante la ley, de los que son, más que presuntamente, responsables de esta situación.              

         

             

          CORRUPCIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA.- 

             Los casos concretos son sólo síntomas de una enfermad grave y letal para la sociedad, para la democracia, su sistema institucional, para los partidos y sindicatos y, lo que es más importante, para la garantía de los derechos de la ciudadanía y de la convivencia. Urge por tanto abordarlos, TODOS Y CADA UNO de ellos, con ejemplaridad y con todas las consecuencias, pero sin perder de vista el conjunto y el origen que los ha hecho posibles.

             Casa Real, Fiscalía, Agencia Tributaria.- 

           Tirando del hilo, en cada uno de los casos de corrupción, es posible llegar al mismo ovillo, pero es el caso Noos, con la implicación del yerno y la hija del Rey, el que está suponiendo la prueba de mayor desviación del cumplimiento de las funciones y de sus estatutos legales, de instituciones esenciales para una correcta e igualitaria aplicación de la ley como la Fiscalía o la Agencia Tributaria. Es un caso penal ordinario, por un delito normal, sin embargo es por la sigularidad de los presuntos delincuentes, frente al normal cumplimiento de sus responsabilidades del juez instructor, por lo que este caso es muy interesante para evidenciar, los males de raíz que nos aquejan y han dado muestras de irregularidades e ilegalidades en otros casos.  

           

           Estas anormalidades deben ser depuradas y corregidas, más allá de que el juez Castro llegue hasta el final en la instrucción, y posteriormente el juez de lo Penal dicte lo que proceda, sobre las responsabilidades penales de los ahora imputados.

Estas debieran ser las preguntas que deben ser respondidas: ¿Están el fiscal del caso y la superioridad de la Agencia Tributaria al servicio de la defensa de una imputada?. En caso afirmativo, ¿qué relación tiene esa conducta con su condición de hija del rey?. Si es así, habrá perseguir penalmente los delitos de obstrucción a la justicia, prevaricación y otros contra los peritos de Hacienda y contra la Fiscalía. Al estar el fiscal del caso bajo dependencia jerárquica, quienes hayan podido condicionar su imparcial actuación deben ser el objetivo. ¿Podemos llegar a los minitros Gallardón y Montoro?. Si ha habido contactos de éstos con la casa real para influir en su actuación, tenemos derecho a saberlo.  

Los hechos que se imputan son muy concretos y de naturaleza objetiva. No estamos ante delitos en los que influyan los elementos subjetivos e interpretables del tipo penal, como el conocimiento o la intención (por ejemplo el “a sabiendas de su injusticia” en el delito de prevaricación). Por este motivo hay que depurar las responsabilidades de la Fiscalía en todas sus implicaciones o instancias jerárquicas. ¿Qué instrucciones ha recibido ese fiscal para estar siendo un obstáculo a la aplicación de la ley al caso concreto como se desprende del prolijo y sólido Auto de imputación del juez Castro?.

          

        La prueba pericial emanada de la Agencia Tributaria choca con la realidad contrastada por informes anteriores y con la práctica habitual del trato a cualquier ciudadano/a. Si el juez evidencia la ilegalidad de facturas y basa en las mismas la imputación, ¿qué privilegio tiene esta ciudadana para convertir en legal lo objetivamente ilegal?. ¿Incurre dicho informe en una conducta incardinable en el Código penal?.

Urge que se concrete un acusación popular que llegue al tuétano de la gravedad del asunto.

¿Ocurre lo mismo en otros casos como en el que han cesado a una inspectora y ha dimitido su superior, por desestimar un recurso de la multinacional PEMEX?. En caso afirmativo ¿tiene este anormal funcionamiento relación con que más del 70% del fraude fiscal, que la el sindicato GESTHA calcula en más 89.000 millones de euros, se concentre en los grandes (no) contribuyentes?.  

         

           No hace falta ser un lince para deducir las gravísimas consecuencias que tiene que el Estado no cuente con los más de 50.000 millones de euros defraudados, que ya supone más de un 5% del PIB, que para unos ayudaría a resolver el problema del déficit anual del Estado, disminuiría el incremento de la deuda pública, lo que hay que pedir de más cada año a los mercados (a los mismos que presuntamente defraudan); para otros evitaría someter a durísimos recortes en el gasto social, ese que hace efectivos los derechos esenciales de los ciudadanos, o aumentar la carga fiscal a las capas medias y populares con impuestos indirectos como el IVA, que no discriminan según los ingresos del contribuyente, aumentando la desigualdad, empobreciendo a los pobres y restringiendo el consumo hasta de lo más esencial. Hasta los medicamentos se han visto afectados por el tipo máximo del 21% de IVA.

             

           Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Partidos Políticos y Cajas de Ahorros. 

           El pueblo español, (la Iglesia Católica en algunos casos) era propietario, usuario y beneficiario de las Cajas de Ahorros. Su nivel de negocio, sus activos, la obra social que realizaban y, sobre todo, la financiación de la economía real, de la pequeña y mediana empresa, autónomos y de las familias, competía y estorbaba a la gran banca nacional y extranjera.  

           

          La inmensa mayoría de las Cajas de Ahorro ha desaparecido dejando un rastro de nepotismo y la corrupción de sus gestores, promovidos desde los aparatos de los partidos políticos, en recíproco beneficio: unos disfrutaban de sueldos y privilegios escandalosos, y otros se han financiado, llegando se perdonados sus créditos.  Las consecuencias no han podido ser más graves. En lo concreto, muchos ahorradores han sido presuntamente estafados, los deudores hipotecarios han sido sometidos a cláusulas abusivas en sus contratos para compra de vivienda habitual. En lo general, la vivienda llegó a unos precios astronómicos fruto de la especulación galopante incentivada por los entes locales, las cajas de ahorro y el sistema financiero internacional. Entre todos, de forma planificada, convirtieron un bien de interés social, garantía de un derecho humano, esencial en sí mismo e instrumento de protección del derecho a la salud, la intimidad y la protección a la familia y la infancia, en un bien de inversión especulativa. Por último, el Gobierno ha socializado la ruina acumulada y los contribuyentes, con el dinero de todos, pero sin contar con nuestro consentimiento, estamos pagando con mayores impuestos, todas esas tropelías. Casi nadie ha respondido de este crimen. Nadie ha pagado por ello como debiera.

  

            El poder judicial se ha visto sobrecargado de trabajo con las ejecuciones hipotecarias, los concursos de acreedores, o las reclamaciones por impagos en todo el entramado productivo de la construcción o sectores dependientes de él, que, de la noche a la mañana se han visto en la ruina total. En el ámbito penal, son muchos los casos de corrupción de la administración local, pero ni mucho menos son todos. Muchos menos, ante la inactividad de la fiscalía, son los gestores de Cajas de Ahorros imputados, y nadie entre los organismos reguladores CNMV y Banco de España.

            De esta manera llegamos a los dos grandes partidos políticos, a los casos de financiación ilegal de sus campañas y a los sobresueldos pagados a sus altos cargos. Llegamos al tráfico de influencias en la contratación de obra pública y en los servicios públicos. De ahí al dinero negro, a las cuentas en suiza y en paraísos fiscales. Lo público y lo privado se confunden en un círculo vicioso, en una puerta giratoria, en una noria de fango que el pueblo, durante años ciego y confiado, pero ya exhausto, pesadamente, está haciendo girar.

            

     La justicia, instada por los ciudadanos ante la ausencia de iniciativa de la Fiscalía, tiene que retratarse ante estos hechos de tan enorme trascendencia y sus criminales consecuencias.

       Los Gobiernos, las Cortes Generales, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, y más abajo los gobiernos y parlamentos autonómicos y los ayuntamientos.

     Todas estas instituciones han fallado porque son un todo con los partidos políticos de los que emanan. Todas las instituciones, de manera directa o indirecta, están sometidas al control de los dos grandes partidos para que nunca puedan controlarse entre ellas; para que se muy complicado restaurar la legalidad, depurar los incumplimientos, y mucho menos, satisfacer las necesidades de la sociedad cumpliendo los mandatos constitucionales. Todo ello está ocurriendo, en su propio beneficio y por obediencia a los que, fuera de las instituciones, fuera incluso de nuestras fronteras, ejercen un PODER arbitrario y opresor. Estamos hablando de Alta Traición a los intereses del pueblo español. 

           

   Hasta tal punto es así que, puestos de acuerdo los dos grandes partidos en esa OBEDIENCIA A UN PODER EXTRAÑO A LA SOBERANÍA NACIONAL DEL PUEBLO ESPAÑOL, la Constitución tenía que ser devaluada, derogada de hecho sin consultar al pueblo y CONTRA EL PUEBLO Y LOS DERECHOS que la misma reconoce.  

             

        

            Los jueces

            

          Ante tan alta traición, no cabe apelar a los mismos que, debiendo ser garantes de la legalidad, la traicionan. No obstante, son encomiables los ejemplos de cientos de jueces que, en el cumplimiento de su deber ejercen uno de los poderes del Estado. La justicia, la aplicación de la ley se concreta en la actuación independiente de cada juez ante cada caso. Con todas las dificultades del mundo, a pesar de todo, los jueces -muchos de ellos- cumplen y hacen cumplir las leyes aplicables al caso concreto. Pero ya sabemos que ni todos lo intentan, ni mucho menos lo consiguen, pero sólo son cuestionados y pagan por su osadía los que se topan con el único Poder hoy realmente efectivo. Ante los casos “comprometidos”  sufren la presión de los poderosos y de los medios de comunicación a su servicio. Sabemos el precio que están pagando y como algunos ya han sido expulsados de manera indigna por tener que decidir entre la ley y la obediencia, precisamente, a quien más la vulnera.   

  

     No los hemos apoyado suficientemente. Los hemos metido muchas veces a todos en el mismo saco, cuando en ellos, en que alimentemos con nuestro apoyo la dignidad y grandeza de su labor, en obligarlos con masivas acciones populares, tenemos que depositar los ciudadanos nuestra confianza en la ley y la aplicación de la justicia.

   Nuestras omisiones son las que nos condenan. Todo esto ha llegado en ausencia de una ciudadanía empoderada, de ese pueblo que se siente como tal. España es hoy el sufrimiento de los/as españoles/as y el conjunto de la ciudadanía  no puede permanecer más tiempo en silencio, sin comprometerse con el destino de nuestro país y el futuro de las nuevas generaciones.

El Rey.- 

El precio a pagar por el monarca para que los españoles renunciaran en 1978  a tener como máximo exponente y Jefe del Estado a una persona elegido entre el pueblo y por el pueblo, era el acatamiento de la Constitución. Ese comprimo, recogido en su artículo 61, de “prestar juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas”, nunca cumplió ni siquiera formalmente. El solemne juramento fue incluso pedido, pero los más no lo exigieron con la excusa de que la Constitución fue sancionada por Juan Carlos, como una más de las leyes, anteriores a la ella, y posteriores a ser proclamado rey previo juramento de la legalidad franquista, ante las Cortes de Franco. Aquel juramento y el exigido por la ley, no sólo son distintos, son incompatibles, y la actuación del monarca toda una declaración de intenciones. 

Ateniéndonos a los hechos, la actuación del monarca, aunque sólo sea en relación a su familia, ha caído bajo la sospecha de que no guarda ni ha hecho guardar las leyes. Si así fuera hubiese prevenido los comportamientos que ahora se juzgan y, producidos, habría reclamado, expresa y públicamente, un trato igual a su hija, al que se dispensa a cualquier ciudadano, de la Fiscalía y de otras instancias del Estado. Hasta el juez se ha apartado de ese trato igualitario para compensar la evidente desviación de otros, porque nunca antes un juez ha justificado tanto una simple imputación, para responder y prevenirse ante la inquina de un fiscal. 

Sólo el desprestigio de la monarquía ante la ciudadanía que reflejan los estudios de opinión han motivado a llamar a la ejemplaridad de los representantes públicos y a sostener formalmente la igualdad de todos ante la ley. Pero lo ha hecho en general, en su intrascendente discurso navideño, y tras otras actuaciones que hoy desconocemos en detalle, pero que nos han hecho sospechar una intervención en su favor. 

Habla de ejemplaridad quien es el único declarado irresponsable e inmune ante la ley y su aplicación en un tribunal, quien hace norma de la opacidad del origen de su fortuna y del gasto real de su casa. ¿Podría ser que sea reo de encubrimiento o tácita complicidad con el estado de corrupción que vivimos?, ¿del  progresivo desconocimiento y vulneración  de los derechos y libertades a los que se nos están sometiendo los gobiernos?; ¿de las imposiciones de poderes extraños y antidemocráticos que hipotecan la vida de los españoles/as?.

  

¿Qué ha hecho y cómo se legitima en el cumplimiento de sus funciones como árbitro y moderador “del funcionamiento regular de las instituciones"?. Esas mismas instituciones que tan irregularmente actúan, que son hoy más cuestionadas que nunca desde que se instauraron. ya sabemos que los responsables son quienes las encarnan, pero entonces, si nada puede hacer, ¿para qué sirve?, ¿para qué nos sirve?. Los que dicen que se legitimó por el golpe de estado el 23F, tratan a los españoles como menores de edad y al rey como salvador, cuando quizá fue su reinado lo único que era necesario salvar. 

Los ciudadanos

Nada de lo dicho disculpa completamente a cada ciudadano y al pueblo que conformamos es siempre soberano, siempre el supremo juez. 

Una mayoría de ciudadanos, de funcionarios, de empleados públicos y no digamos los trabajadores de empresas privadas, cumplen con sus obligaciones individuales. Mucho más discutible es que ejerzan su derecho a pensar y a expresarse. A impedirlo ayudan el desconocimiento de nuestra historia y la interiorización del miedo a protagonizarla. La dignidad del ciudadano, en el subconsciente colectivo, está más asociada a cumplir el deber que a imponer los derechos. Pero ¿de qué sirve un trabajo sin salario digno para sustentar la dignidad humana?, ¿un estudio que no se puede aplicar en tu país?, ¿toda una vida de trabajo sin garantía de una pensión y una asistencia en la vejez y en la enfermedad?.  

La dignidad es la propia autoestima del ser humano que se siente libre y responsable, ante sí mismo y ante los demás, porque ayuda a construir la convivencia pacífica en una sociedad libre y justa.

En España son dignos hoy los jueces que se enfrenta con la dura realidad y se crecen ante ella cumpliendo la ley; los policías que investigan, los inspectores de hacienda que denuncian las tropelías de los poderosos; todos esos que son apartados o sancionados. Son dignos los profesores que enseñan a sus alumnos a tener hambre de saber, enseñan a pensar por ellos mismos, a ser solidarios y a rebelarse ante las injusticias. Todos los funcionarios y empleados públicos que realizan con diligencia su trabajo a pesar de las dificultades y escasez de medios, pero denuncian la situación y luchan por la sanidad, la educación, la justicia o la asistencia en situaciones de dependencia, que sean públicas, gratuitas y universales.

La dignidad está en los ciudadanos que trabajan, pagan sus impuestos y obedecen las leyes, pero igualmente exigen con fuerza sus derechos, ante quien los cuestione. Son dignos los que no toleran que se hagan leyes represoras de las libertades y derechos, que los opriman con ellas los que casi siempre las vulneran; que, los que dicen representarlos, los traicionen, malversen el dinero público, incrementen la deuda ilegítima, y se vendan al poder globalizado del dinero.

        

           La mayoría de los ciudadanos queremos hacer valer que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”, como ampara el artículo 1.2 de la Constitución. Queremos que, según su artículo 9, los poderes públicos estén “sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”, promuevan que “las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas”; remuevan “los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud” y faciliten “la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Porque “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”. Para conseguirlo es necesario que “las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpreten de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España” (artículo 10.2 C.E).

Es la solemne declaración de Derechos Humanos la que, en su preámbulo,  considera “esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN COLECTIVA

Como pueblo podemos usar todas las armas a nuestra disposición con la conciencia tranquila de que, la actuación mayoritaria, convierte en ley lo que ampara la soberanía popular. Antes de que la ignominia se convierta en leyes represoras, como la ley contra el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo, y las transversales contra todos los derechos que han supuesto las tasa judiciales, la ley de inseguridad ciudadana, la ley de seguridad privada, pero sobre todo, la reforma del Código penal represor de derechos y de la Enjuiciamiento Criminal (que va a eliminar a los jueces instructores dejando en manos de los Fiscales y del gobierno a quien y porque persigue la ley) el pueblo tendrá que expresar su voluntad, y, si quiere, hacer efectivo su poder, de tres maneras:

1.- Apelando al juez concreto (interno e internacional) exigiendo cumplimiento, tanto las leyes que son directamente aplicables, como invocando los principios jurídicos y derechos conquistados por la Humanidad, que están recogidos en la solemne Declaración de Derechos Humanos y los Tratados, Pactos y Convenios que la desarrollan.

2.- Ejerciendo los mecanismos formales de expresión democrática mediante el ejercicio de los derechos y libertades civiles y, especialmente, cuidando que el derecho voto sirva para expresar colectivamente el rechazo a todos quienes traicionan al pueblo.

3.- Ejerciendo la desobediencia civil, el sagrado deber de la rebeldía ante las leyes manifiestamente contrarias a los derechos y libertades y por tanto a la Dignidad Humana.  

Si bien no podemos dejar de extender el uso de las dos primeras, (es el objeto de este escrito profundizar en la primera, organizando la acción coordinada del mundo del derecho para el uso efectivo de todas las herramientas a nuestro servicio) el éxito en nuestros propósitos ya exige desde hace tiempo, la rebeldía pacífica y la desobediencia activa.

ACTUACIONES CONCRETAS.-

1.- Creación de un Frente Jurídico por las libertades y los derechos.

2.- Diseño de banco de herramientas y recursos jurídicos de aplicación a cada caso o situación de hecho de trascendencia para la ciudadanía.

3.- Acciones inmediatas:

a) Personación en los casos penales abiertos.

b) Estudio de interposición de querellas y acciones en otras jurisdicciones.

            Ahora falta concretar, difundir y ACTUAR. 

MEMORIA

  Es cuatro de diciembre. Un día para recordar a Manuel José García Caparrós, luchador andaluz asesinado ese día, cuando la mayor movilización nunca vista en esta tierra, pidió el derecho a poder construirla con nuestras propias manos.

   Esta fecha y este compañero están casi en el olvido oficial. Hasta el año pasado no se le reconoció oficialmente por la Junta de Andalucía, en otra fecha grande: el 28 de febrero.

  Cada logro de la autonomía lleva una gota de su sangre y cada traición a su lucha, a la lucha de este pueblo, es una afrenta a los que dieron su vida por ella.

   Hoy más que nunca, luchar significa recordar a los que lo hicieron antes, ponernos en su piel, sentir el mismo ideal de justicia, transpirar la libertad que nos hace libres, la energía sumada que mueve la historia. Practicar los valores que nunca pueden ser enterrados sin que el ser humano se convierta en alimaña de su propia especie.


      Necesitamos saber de dónde venimos, tener un relato veraz que nos revele quienes somos y que nos explique por qué hemos llegado hasta aquí. Nuestra historia nos explica nuestros miedos, pero también puede devolvernos nuestra esencia. Los medios del sistema nos azotan hoy con la desmemoria y la cultura uniformada y enlatada; con la urgencia del consumo y el deshecho. Nos separa de los más cercanos, aunque las redes, aparentemente, nos acercan a los que quizá nunca podamos tocar en un abrazo.
    
     Hoy es un día para los andaluces altivos, esos que se siguen levantando, que siguen pidiendo Tierra y Libertad. La Andalucía que no divierte, pero que tiene la alegría de haber parido hijos como MANUEL JOSÉ GARCÍA CAPARRÓS. La Andalucía de la que nacerá algún día la verdadera alegría de haberla construido por nosotros y para nuestra liberación; la de los pueblos y la Humanidad.

PROPUESTA DE FRENTE CÍVICO – JURÍDICO

INTRODUCCIÓN

En el Frente Cívico tenemos como objetivo y referencia la defensa de los Derechos  Humanos y la preservación de la vida en el planeta. 

Nuestros esfuerzos van orientados a que una gran mayoría haga de ellos un patrimonio irrenunciable, mediante la efectividad de los mismos en cada situación concreta, obligando a una actuación positiva de los poderes públicos, en ese sentido. 

Proponemos la formación de un poder, el de una mayoría organizada que no deje opción al poder institucional para ir contra los Derechos Humanos. Pero, al echar todo el peso de ese contrapoder, no podemos olvidar que también dentro de las instituciones hay funcionarios que se tienen que atener a la ley y, en particular, dentro de la administración de justicia se han dado pasos importantes que debemos apoyar y promover. En definitiva, no podemos renunciar a las armas que el derecho pone en nuestras manos porque partamos de su inutilidad o predisposición en nuestra contra. Esa estrategia, para mi, sería tan absurda como la contraria, la de pensar que podemos cambiar algo sólo desde la acción de los Tribunales de justicia, sin una amplia movilización social que respalde la actuación jurídica para conseguir una aplicación directa y efectiva de todos derechos que están recogidos en las leyes, la Constitución y los Tratados Internacionales firmados por el España, y que aunque son vinculantes para los que juraron cumplirlas en virtud del principio de legalidad, están siendo vulnerados. 

No podemos dejar los Derechos Humanos, ese patrimonio que la Humanidad ha conquistado con la fuerza de la sangre de las generaciones que nos precedieron, como si fuera un trofeo olvidado que acumula polvo en la vitrina de la historia del derecho. Ese patrimonio inmaterial es un arma y, al mismo tiempo, un objetivo irrenunciable. 

Un arma para denunciar un sistema atenta contra la humanidad desde sus propios fundamentos, y para deslegitimar a unas instituciones que son autoras, por acción, y cómplices, por pasividad, de las agresiones a la ciudadanía. Una ciudadanía que ha dejado de ejercer como tal porque ha perdido la memoria de sus derechos, de sus responsabilidades y que no es consciente de toda la grandeza del significado de esa palabra. Desempolvar, difundir haciendo pedagogía del contenido de los derechos y de los mecanismos para hacerlos valer, antes de que terminen con los unos y los otros, como se propone Gallardón, tiene que ser prioritario.

La experiencia en Stop Desahucios, sin triunfalismos, ha sido un banco de pruebas de la acción conjunta de la movilización social y del ejercicio de los derechos, más allá de las posibilidades de oposición y defensa ante una ejecución hipotecaria que las leyes procesales reconocían a los ciudadanos. Grupos reducidos de ciudadanos determinados a poner en valor el derecho a la vivienda digna, junto al trabajo de abogados, de algún que otro juez, justo más acá y más allá de la ley, hemos evidenciado las aberraciones del sistema económico, financiero, judicial y el papel de las instituciones en la estafa a millones de familias hipotecadas. 

Esa misma experiencia puede ser adaptada y mejorada ante las agresiones al derecho a la vivienda de los que nunca pudieron hipotecarse, al derecho a la educación y a la salud, públicas, universales y gratuitas, a la asistencia ante situaciones de postración y dependencia. Es sencillamente letal a todos los derechos, y necesitado de respuesta jurídica, la grave limitación de acceso a la tutela judicial efectiva por la implantación 

de las tasas judiciales o el deterioro del Servicio de justicia gratuita. En cuanto a los derechos civiles, se acrecientan los ataques al derecho a la información, se viola o se permite que, de forma arbitraria y sistemática, se viole el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, con la excusa de la seguridad. Se acrecienta y se preparan respuestas represivas como la reforma del Código Penal y el uso abusivo de las leyes sancionadoras, ante las aún minoritarias y pacíficas formas de contestación Los poderes públicos tienen que verse ante el espejo de sus propias leyes. Cuando las leyes no respondan a la efectividad de los Derechos, las leyes y los que detenten de forma desviada los poderes tienen que ser sometidos a la doble instancia del recurso ante los Altos Tribunales internos e internacionales y ante la más alta instancia de un pueblo que no puede doblar la rodilla ante quien tiene que servirlo. 

Todas las vías son útiles, todas las herramientas jurídicas y movilizadoras tienen que estar a punto y ser usadas coordinadamente. La acción penal ante tanta decisión injusta a sabiendas de su injusticia, ante tanto asalto a los bienes públicos y al bolsillo de los ciudadanos, tiene que servir para poner en el banquillo la evidencia prevaricadora.

La propuesta concreta inicial es que interpelemos al mundo del Derecho, desde dentro y desde fuera, (abogados y sus colegios, jueces, profesores de derecho, etc) para crear herramientas jurídicas, métodos de actuación concreta ante los Tribunales y las instituciones, propuestas de iniciativas legislativas, etc, en perfecta coordinación con el amplio y unitario movimiento ciudadano que queremos construir.

PROPUESTA

La idea es que enmarquemos colectivamente las acciones jurídicas en un estrategia global, es decir, que los juristas, un FRENTE JURÍDICO coordinado en todo el Estado, aportemos respuestas y propuestas que se correspondan eficazmente con esa estrategia. 

Tras el debate de Prometeo, en la línea y englobando la propuesta que ha llegado de Murcia sobre la interposición de una querella, propongo difundir públicamente una convocatoria al mundo del Derecho para crear un amplio grupo de juristas que se planteen, como lo hacemos muchos en solitario, la defensa del Estado de Derecho. Como hacemos (o deberíamos hacer también) en el ámbito político-social cada uno vamos difundiendo en nuestro entorno una visión de la realidad y una estrategia colectiva para cambiarla. El mundo del derecho es más complicado pero nos sentimos doblemente interpelados como ciudadanos y como amantes del imperio de los derechos y responsabilidades, más allá del instrumento a su servicio que es la ley y la administración de justicia. Hay grupos de abogados a los que podemos dirigirnos, de jueces y fiscales, y existe la necesidad de poner en valor lo que hacemos descoordinadamente. 

SÍ, SE PUEDE. HAY SALIDA.

Los partidos son necesarios, pero no éstos. Los sindicatos son imprescindibles, pero no los que hoy ha asimilado el sistema. Ni está ley electoral que es la que marca unas reglas de juego que favorecen que sus aparatos, los de los grandes partidos, decidan quienes representan a los que los mantienen económicamente. Representan en las instituciones, salvo contadas excepciones, al poder del dinero, a esos que mandan sin presentarse a elecciones, no a nosotros, al poder del pueblo que en este país, se demuestra cada día, no es el soberano. 
El día 29 doy una conferencia sobre la influencia de las normas electorales en la calidad de la democracia, en que la democracia sea una realidad vivida y no una trágica ficción. Haré una propuesta de ley electoral en la que los ciudadanos deciden qué personas van a las instituciones entre las que los partidos proponen. En la que cada representante tiene el mismo número de votos detrás. Ni si quiera hay que cambiar la Constitución para hacer ese cambio radical de las reglas de juego. 
Sin embargo, la sociedad está paralizada porque no ve salidas y tiene inercias difíciles de romper en poco tiempo. Muchos pensamos que no haremos reformas del sistema si no montamos una plataforma electoral ciudadana con ese y otros objetivos concretos. Sólo para esos objetivos que nos afectan por encima de ideologías. Con un liderazgo social de todos los movimientos sociales agredidos y poniendo lo que une por encima de lo particular. 
Por ejemplo:
1.- Acabar con la corrupción política.
2.- Hacer cumplir el programa constitucional, haciendo realidad los derechos que en la misma se contienen y que nos definen como un estado social. 
3.- Reforma de la ley electoral, de la ley de partidos y del Código Penal, recogiendo el delito de estafa electoral y otros como dictar leyes contra el cumplimiento de la parte programática de la Constitución. (prevaricación cualificada) etc.
4.- Garantía absoluta de los servicios públicos universales, gratuitos y de calidad. 
5.- Derogación del artículo 135 de la C.E. para que la deuda de la banca la paguen sus accionistas y los responsables internos y externos del sistema financiero que nos han arruinado sin nuestro consentimiento. 
6.- Sistema de pensiones público y garantizado. 
7.- Garantizar una Renta básica mínima de supervivencia y el derecho a la vivienda digna.
8.- Derechos laborales y sociales. Democracia en la empresa.
9.- Control democrático de la economía. Sistema financiero público y control de la banca para que cumpla su labor de intermediación, evitando la especulación financiera y otras prácticas abusivas. 
10.- Reforma Fiscal fomentando los impuestos directos y progresivos y la lucha contra el fraude de los grandes patrimonios. 
11.- Apuesta por la investigación, las energías renovables, la calidad y duración de los productos y lucha contra el cambio climático.
Sólo es un ejemplo de lo que, usando mi sentido común, yo propondría y quisiera que tuviera consenso hasta de quien no piensa como yo. Pero si hay un mínimo común que sea un salto cualitativo sobre la situación actual y pusiera las bases de una nueva forma de participación democrática, no dudaría en apoyarlo. 
¿CÓMO LO HACEMOS? 
Haciendo pueblo y poder ciudadano en el camino hasta el objetivo. Construyendo la democracia que queremos y necesitamos más que nunca.
Llevando éstas propuestas, algunas de ellas, u otras similares, a cada colectivo, cada barrio y cada centro de trabajo, durante el plazo de dos meses. Levantando acta de cada reunión con propuestas de acción y compromisos de colaboración al cumplimiento de esos objetivos de personas, colectivos, barrios, etc. 
Como una más de las acciones, podemos proponer a personas que nos representen mediante reglas claras y compromiso de revocabilidad, primero ante las instituciones, y después, esas u otras, en las instituciones. Nadie se debería proponer a si mismo y la elección tiene que ser en votación secreta y de abajo arriba, para que, si lo consideramos imprescindible, plantearnos una Candidatura por el Poder Ciudadano, que se disolverá cuando se hayan cumplido los objetivos, con la expresión de la voluntad del pueblo por medios participativos y representativos. No se trataría de delegar el poder en otr@s, sino de abrir un cauce que l@s ciudadan@s conocen y que, dados sus hábitos, facilita más que otros la esperanza en una rápida salida a esta situación, quitando el poder a quien lo está usando contra el pueblo. Pero eliminando la dualidad representante, representado y sometiendo las decisiones a la voluntad mayoritaria las decisiones estratégicas en pos de lograr los fines consensuados. 

En cada ámbito de actividad estratégica se han de hacer visible la estrategia común. Si pongo de ejemplo mi actividad. Los juristas tenemos que plantar cara ante las agresiones a los derechos constitucionales después de los recortes de derechos laborales, sociales y de prestaciones de servicios públicos. Se han cargado el Estado Social y van a por el Estado de Derecho. No quiero anticipar los hilos que se están moviendo en este sentido pero la respuesta tiene que ser contundente. 
De igual modo, el poder mediático de los ciudadanos tiene que ser incrementado con el compromiso de los profesionales de la información y el uso y adecuación de las herramientas que necesitamos.
Las Asambleas de Parados, la Universidad, los estudiantes, las ONGs, las Plataformas de Afectados por las Hipotecas, Las Mareas, las PYMES, los Autónomos, el Ecologismo..., pueden ver encauzadas sus ansias de cambio de esta situación, sin aparente salida con los cauces tradicionales. SÍ, SE PUEDE. HAY SALIDA. 

¿POR QUÉ HA HECHO FALTA?

La utilización de los sentimientos primarios en la propaganda partidaria no es sólo un peligro, es una bomba de efectos incalculables. Si se alienta la apelación a la revancha por intereses partidarios, si quien está obligado a cumplir la ley, que garantiza la convivencia y el respeto a los derechos humanos, recurre al atajo para dar satisfacción a los apetito de venganza, la civilización se esfuma en la negrura de la caverna.

¿De qué estamos hablando? ¿De que ahora unos defiende a ETA y otros piden justicia? ¡¡¡¡NO!!!! Totalmente falso. Error cruel e imperdonable. Estamos hablando de la esencia de la ley. En un Estado de Derecho hay principios fundamentales que sin ellos la selva sería un lugar plácido. La ley se dicta para todos, busca el cumplimiento general y sanciona los incumplimientos individuales, sea quien sea el que la vulnere. Aquí se ha retorcido la ley para que unos, muy malos ya lo sabemos, tengan un trato diferente.

Las leyes, normalmente, se aplican desde la fecha de su promulgación, pero pueden tener efectos retroactivos siempre que sean más beneficiosas al ciudadano. Cuando restringen derechos, imponen sanciones, son más desfavorables y, sobre todo, las normas penales, nunca se retrotraen sus efectos, es decir, no se aplican a hechos ocurridos antes de ser promulgadas. La aplicación de la ley penal vigente del momento en el que fue cometido el delito, salvo que una posterior sea más favorable, es un principio esencial y una conquista para los derechos humanos. Si se aumenta la pena a quien ya tiene una condena firme porque un nuevo código la endurece, ¿quién puede estar a salvo?. Pues eso es lo que hemos hecho cuando se han endurecido las normas sobre el cumplimiento de las penas, para así evitar que salgan los presos de ETA. Todo motivado porque, en un momento dado, algunos han pensado que moralmente era lo justo al calor de sus crímenes sanguinarios.

Durante muchos años se han mantenido los beneficios penitenciarios y las normas sobre el cumplimiento de las condenas  del Código Penal de 1973, tanto en la aplicación a cualquier recluso, como los presos de ETA. Pero un buen día, quizá cuando políticamente interesaba porque ETA no cedía y la ciudadanía creía traspasado límite de lo tolerable, el Tribunal Supremo interpretó la ley de forma contraria a los principios recogidos en nuestra Constitución y en la declaración de los Derechos Humanos. Esa fue la derrota, ceder a esa tentación y no esta sentencia que los restaura.
Sin embargo, la paradoja está en que una ley franquista, la que, irremediablemente, se tenía que aplicar  era beneficiosa a ETA y que, desde 1973, ni Franco, ni UCD, ni PSOE, ni PP, la modificaron, para que ahora los malos sean el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o Alberto Garzón por creer que respetar esos derechos, siempre y con todo ser humano, es ineludible para distinguirnos moralmente de los delincuentes.
Aunque sea repulsivo para la gente de bien ver en la calle a asesinos mucho antes de lo que quisiéramos, eso es lo que estaba establecido por las leyes vigentes. Lo que hemos hecho es cambiar judicialmente su interpretación para mantenerlos más tiempo encarcelados y eso (no era necesario que nadie nos lo dijera) es lo que no es conforme con los derechos humanos. Debemos saberlo todos para no herirnos entre nosotros estableciendo falsos niveles de repugnancia ante el delito.
No me gusta tener que explicar lo que debiera ser evidente pero si alguien se vieran en la cárcel más tiempo, por el capricho del legislador de turno, lo entendería a la primera. Incluso ese militante del PP o Zapatero que ayer dijeron sandeces o amenazaron de muerte.

No cedamos a los instintos primarios y asumamos como un patrimonio inembargable las conquistas del Derecho. Avancemos con él pues ¿qué diríamos de quien siguiera pidiendo mantener el delito de adulterio ante la herida despechada de la infidelidad? Los que navegamos en las aguas de la aplicación de la ley, a esta realidad tan cambiante, sabemos que para algunos ese delito sigue vigente.

Como última reflexión, quiero mostrar mi preocupación porque están siendo los tribunales internacionales los que les están diciendo a los jueces internos que, unas veces nuestras leyes, y otras su interpretación, no son homologables. Hace unos días nos dijeron que dejar a menores en la calle, tras un desalojo, no puede ser consecuencia de ley alguna, digna de tal nombre. El 14 de marzo pasado, el Tribunal de Justicia de la unión Europea ha declarado ilegal que los ciudadanos que se han visto obligados por la estafa hipotecaria masiva, y nuestras leyes procesales, a quedarse sin techo, llevan veinte años sin la protección necesaria a su derecho a la defensa de sus intereses.
 Mi pregunta a los poderes del Estado es la siguiente: ¿Por qué ha hecho falta que nos lo digan jueces foráneos?

CAMINANTES Y SALTEADORES

          Mientras seguimos en la distancia el caminar de Leonor, Antonio, Nazaret, Richar, Ana y Eugenio, como porteadores de la dignidad y las ansias de justicia de este pueblo, nos  desayunamos cada día con los desahogos de Bárcenas y el silencio de Rajoy. La comparación me produce escalofrío cuando pienso que aquellos seis caminantes y estos dos presuntos salteadores son reflejos de una misma realidad política. La corrupción no sólo no es ética ni estética, además causa injusticias lacerantes, pobreza y atraso. De los muchos robos, de permitirlos, ampararlos y pedir la mordida correspondiente, viene este lodazal que nos ahoga a la mayoría social.

Como ya es evidente a nivel de calle, Bárcenas no miente cuando reconoce en parte sus tropelías y sí lo hizo su jefe Rajoy cuando aparecieron las fotocopias de la contabilidad B del PP. El propio Rajoy ya no puede negar nada tras salir a la luz su correspondencia electrónica, salida de su propio móvil.  ¿Entenderá ahora lo que escribe? ¿Dudará de su propia letra?.

Además de sus S.M.S, su silencio culpable evidencia con más fuerza la doblez del personaje. Como abogado, no le niego que tendría derecho a guardar silencio, si fuese formalmente imputado, pero aún no lo está. Creo que cuando todo lo que sabemos por la prensa se haga evidente por actos de instrucción habrá motivos para que un Auto judicial así lo declare. Mientras tanto,  nadie tiene derecho a seguir siendo presidente del gobierno de España si actúa como un cobarde que se esconde como esos delincuentes que se sumergen en la charca respirando por una caña para que sus perseguidores le pierdan el rastro.

Este pueblo necesita que alguna vez se haga justicia al poderoso. Para que un día lleguemos a ser un país digno, los malos del poder y el dinero tienen que ser reconocidos como malos, tienen  que pagar por sus crímenes. Por una vez, sería bueno que sus victimas empezaran a recibir el consuelo de la verdad y la reparación.  Son muchos siglos en los que lo mejor que hemos tenido han sido periodos de democracia aparente, de hipocresía política, de democracia hipócrita como estos últimos 35 años de los que presumen los que nos han arruinado. Aquí siempre han mandado los mismos, los que nunca aceptan perder el control, los que no toleraron ayer que la tierra diera  de comer al que la trabajaba u hoy, que una vivienda sirva para ser habitada.

Despertemos como Leonor, Antonio, Nazaret, Richar, Ana y Eugenio hacen cada día a las cinco de la mañana para andar un tramo del camino hasta la utopía. ¿Por qué tiene que ser una utopía que la gente decente tome, de una puñetera vez  en sus manos, el futuro de su país?.

DIONISIO MORENO. En defensa de la abogacía.

            Se dice que este es el país de la envidia. No tengo suficientes datos para sostener esa afirmación, ni la contraria. Se dicen tantas cosas hoy de una generalidad de personas: los políticos, los jueces, los periodistas, los catalanes, los andaluces, los funcionario, los parados, los profesores,... bueno y ¿qué decir de los abogados?. A cada uno de estos grupos humanos  le atribuye la calle uno o varios calificativos que se pegan como lapas a cada grupo humano. Basta repasar, empezando por los políticos, siguiendo por los demás grupos y surgirán de manera natural las descalificaciones, nunca la atribución de méritos. 

Cuando me preguntan por mi profesión, surge ante la respuesta, casi siempre en estos días, una afirmación de mi interlocutor: "yo no serviría para ser abogado, yo no podría defender a criminales como ese que ha matado a sus dos hijos". En la calle sobra la presunción de inocencia. Ese es un derecho que casi nadie echa en falta más que cuando él, o alguien cercano, se encuentra haciendo frente a una imputación. Evidentemente no voy a entrar a valorar la concreta labor de mi compañero en este caso, pero sí quiero manifestar con rotundidad que ese compañero, como todos los letrados cuando defendemos a nuestros clientes acusados, estamos realizando una labor tan importante, al menos, como la que realiza el juez, el fiscal o el letrado de la acusación particular. Sin el abogado defensor no es posible hablar de justicia. Para que exista el fiel de la balanza se necesitan los dos platillos en que cada parte pueda poder sus hechos y su interpretación de la ley.Pero lo más importante es que el abogado defensor del presunto culpable, lo es también del estado de derecho y de toda la sociedad que, por que él existe, puede condenar excluyendo la barbarie. Cuando la sociedad sale del estado de shok que A TODOS, nos producen hechos como por ejemplo las muertes violentas de menores, sus deudos necesitan la paz que sólo la verdad y la justicia proporcionan. La sociedad necesitamos cerrar esa herida y con el paso de los siglos hemos entendido que no podemos matar al primer sospechoso: hemos hecho leyes y hemos comprendido que el acusado necesita un defensor que pueda tener todos los medios de defensa. Hemos aceptado legalmente que no es el acusado el que tiene acreditar su inocencia, sino que  la tarea de la acusación, pública o privada, es evidenciar la  culpa. 

En definitiva, cuando hoy nuestros jueces condenan a un ciudadano, lo hacen con toda la tranquilidad del respaldo de la voluntad del pueblo que le ha encargado esa tarea y le ha dado unas leyes que cumplir. Además, también habrá tenido que escuchar y atender a las partes, que respetar los derechos y garantías que los abogados defensores ha hecho valer en defensa de sus clientes acusados.

Todos podemos cometer errores, pero al calor de la repugnancia del crimen no podemos dejarnos llevar por una ancestral sed de venganza, destruyendo lo que nos separa de la barbarie. 

Si no he conseguido del todo justificar la labor del abogado, quizá es porque el lector es incapaz de reconocer que verse sentado en un banquillo puede ser una situación cercana a él o a los suyos en circunstancias nada improbables, ni ayer ni hoy. De hecho, la frase. "esto no me puede estar pasando" es la más escuchada en una comisaría o en un cuartel, cuando los abogados acudimos a asistir a un detenido. 

Cuando defiendo la profesión de abogado, lo hago desde la defensa del papel que tenemos encomendado, nunca podré defender las desviaciones, los abusos o prácticas que, aún las permitidas, no son comunes a toda la profesión, sino particularidades muy opinables de cada compañero. Existe mucha polémica dentro de la profesión ante la efervescencia mediática de los asuntos que todos sabemos. No entraré a valorar, aunque tengo criterio de ellos, lo que expresan esos compañeros tan conocidos. 

Sólo pido comprensión para los abogados que, como en mi caso, creemos tener derecho, como ciudadanos y profesionales del derecho, a  manifestarnos ante situaciones en las que, creemos que la legislación, o su aplicación concreta, se aleja de las demandas que la sociedad tienen y ha hecho suyas en la Norma Suprema o en la Declaración de Derechos Humanos. Los  juristas que opinamos así lo hemos hecho al calor de asuntos que hemos dirigido, ayudando a que temas como la violencia de género,  la siniestralidad laboral o la derivada del tráfico, tomasen la necesaria relevancia social y visibilidad cuando no se tenían tanta conciencia de esos problemas como la tenemos hoy.   

Cuando se critique a los abogados, por tanto no se piense en el estereotipo compuesto con opiniones sobre experiencias particulares negativas. Pensemos, hagamos visibles, por ejemplo al hilo de la actualidad desde hace unos años, a un grupo de letrados que se ha echado a la calle, literalmente, junto a grupos de ciudadanos, afectados o no, en defensa de  los afectados por las ejecuciones hipotecaria.   

Ese grupo  han conseguido más de 14.000 daciones en pago y alquileres sociales, por las vías judicial o extrajudicial, pero siempre muy unidos a la sociedad más consciente y movilizada, a los propios afectados, a las víctimas. JUNTOS ESTÁN PUDIENDO. Estos letrados han realizado propuestas a los poderes públicos (en Andalucía por ejemplo), han redactado la Iniciativas Legislativas Popular más apoyada de la democracia, han compartido experiencias y estrategias en un grupo de ayuda a las Plataformas de Afectados por la Hipoteca. Han promovido ante sus Colegios de Abogados la creación de turnos de oficio especiales  (por cierto, el Colegio de Abogados de Córdoba ha sido pionera en España ), y  asesorado a decenas de miles de familias de manera altruista. Pero no cuentan ante la sociedad, el gobierno no habla de ellos cuando dice defender la marca España.

De entre todos ellos hay que destacar la historia que tiene como protagonista a un cliente llamado Aziz (un  marroquí que sigue luchando después de ser desahuciado con tres hijos, con minusvalía y con su subsistencia en total precariedad)  y a un abogado de nombre Dionisio y de apellido Moreno,  (desconocido, sin el prestigio y la pompa de los grandes despachos, que ejerce en una habitación de su casa, sin dinero siquiera para viajar a Luxemburgo, adonde tuvo que defender la causa, amparando precisamente a quien no le podía pagar). El tercero, que sí quedará en la historia judicial, es el juez de lo mercantil Fernández Seijo, quien sometió a una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el procedimiento de ejecución hipotecaria español, que durante un siglo ha sometido a los ciudadanos hipotecados a la indefensión ante los abusos de los bancos, y durante 20 años ha permitido la vulneración del derecho comunitario que garantiza los derechos de los consumidores. 

Cuando atacamos a los abogados Dionisio entra a pagar su parte. Cuando atacamos a los jueces, olvidamos que algunos de ellos están abriendo caminos a la justicia real y efectiva que nos ayuda a seguir manteniendo la esperanza en el Estado de Derecho. Lo están haciendo desde su propia conciencia personal, ante la realidad social, con soporte en las leyes y los principios tantas veces olvidados. Lo mismo podríamos decir de los periodistas, y si siguiéramos una visión simplemente neutra, nos daríamos cuenta de una realidad: la mayoría estamos siendo presa de una imagen irreal de nosotros mismos. La estamos construyendo elevando la anécdota a categoría. Destruimos la imagen real porque casi nunca defendemos lo colectivo, ni las instituciones que lo encarnan y siempre defendemos nuestra individualidad frente a ellas.

La marca España dicen que depende de ésto o de lo otro. A mi me importa lo que se construye con la calidad de los derechos ciudadanos para el bienestar que por ellos y para ellos se crea. La calidad profesional y humana que observo es muy superior a la que nosotros mismos defendemos. Arrastramos complejos de inferioridad, nos quejamos de lo que no dejamos de abonar, pero si tengo que criticar algo  con carácter general, lo que siempre es un atrevimiento, es que hay muchos Dionisios Moreno desconocidos, olvidados, a los que no reivindicamos. Nos venden, y compramos como ciudadanos medios, como si fuera la normalidad a los "pocholos" y las "belenes", nos desaniman con esos modelos cuando tenemos al lado a héroes de la cotidianidad.
Digo más: en estos tiempos, el no es un héroe, no sobrevive.

Cuando veas en el telediario a un abogado hablando del caso X, piensa también en Dionisio Moreno.

¿QUIÉN DESOBEDECE?

Si partimos de que toda democracia se soporta en que el poder reside en el pueblo, en la soberanía del pueblo (artículo 1, apartado 2 de la C.Española), los gobiernos, parlamentos y judicatura, como el conjunto de las instituciones del Estado, no pueden ser consideradas de manera diferente a “mandatarios” del pueblo soberano.

Se llama mandato al contrato por el que una persona (mandatario) se obliga a prestar algún servicio o hacer alguna cosa por cuenta y encargo de otra (mandante). Propongo el juego de aplicar mentalmente las normas del contrato de mandato a la relación entre el pueblo “mandante” y sus representantes y “mandatarios”.

Dice el artículo 1713 de nuestro Código Civil, que “el mandato, concebido en términos generales, no comprende más que los actos de administración”. Añadiendo que “para transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto de riguroso dominio, se necesita mandato expreso”.  Abundando que “la facultad de transigir no autoriza para comprometer en árbitros o amigables componedores”.  Hace un año se hipotecó a la nación en una cantidad entre 40.000 y 65.000 euros para sanear a los bancos.

Según el artículo  1714 del mismo código:  “El mandatario no puede traspasar los límites del mandato”. Aclarando el 1715, que “No se consideran traspasados los límites del mandato si fuese cumplido de una manera más ventajosa para el mandante que la señalada por éste” . Reformar la Constitución sin permiso del pueblo, sin haberlo propuesto en los programas electorales, para comprometer prioritariamente los ingresos del Estado en pagar la deuda y los intereses que se ha generado  para beneficio de los bancos, y en todo caso, sin beneficiar a los ciudadanos, que estamos soportando recortes en los servicios públicos esenciales, ¿traspasa los límites de nuestro mandato a los gobernantes del PP, hoy, y del PSOE, ayer, puestos de acuerdo en Agosto de 2011, para exterminar el carácter social de nuestro Estado?. Nadie consiente, ni de forma expresa ni tácitamente, que le roben su presente y su futuro.  Si está consciente.

A estas alturas alguno dirá que el derecho civil, poco o nada tiene que ver con el constitucional, que la esfera pública y la privada se rigen por principios a veces hasta contrapuestos. Seguramente estas razones saldrán con naturalidad de quien, precisamente, no deja de predicar que lo privado debería extenderse a todo lo que no fuera el único reducto de lo público: la fuerza que imponga el libre juego del mercado por encima de cualquier consideración: el Estado Policía del sacrosanto mercado. Aprovecho para opinar, que los mercados nunca son libres, me atrevo a decir que sólo serán algo libres si están fuertemente regulados para que lo sean. Miremos, por ejemplo, a los ahorradores que hoy llaman “preferentistas” (engañados y postergados se llaman ellos). Ellos podrían explicarnos mostrándonos las cicatrices producidas por sus estafadores, que tan libre es el mercado para quitarles los ahorros de toda una vida. Si el estado vigila algo es que unos pocos puedan robar impunemente a la mayoría.

Pues bien, sin acudir al derecho que protege, por definición, lo común y público; basándonos en el derecho civil que dice proteger la libre concurrencia, la leal y justa transacción entre particulares; sin hacer de menos a un pueblo que como una sociedad civil “contrata” como mandante a sus representantes o “mandatarios”, como si fuese cualquier empresario que manda a un comercial, o un cliente que contrata y mandata a su abogado, la realización de una cosa o la prestación de un servicio, leamos lo que dice el artículo 1718 del C.Civil:

 “El mandatario queda obligado por la aceptación a cumplir el mandato, y responde de los daños y perjuicios que, de no ejecutarlo, se ocasionen al mandante”. Dice que, “en la ejecución del mandato ha de arreglarse el mandatario a las instrucciones del mandante”, y que, “a falta de ellas, hará todo lo que, según la naturaleza del negocio, haría un buen padre de familia” (art. 1.719). Que “todo mandatario está obligado a dar cuenta de sus operaciones y a abonar al mandante cuanto haya recibido en virtud del mandato” (artículo 1.720). Continúa el artículo 1726 diciendo: “El mandatario es responsable, no solamente del dolo, sino también de la culpa, que deberá estimarse con más o menos rigor por los Tribunales según que el mandato haya sido o no retribuido”.

Pero el artículo más importante es el 1727 cuando dispone: “El mandante debe cumplir todas las obligaciones que el mandatario haya contraído dentro de los límites del mandato”. Obviamente, si lo hemos mandado, tenemos que responder a nuestro encargo, pero….”en lo que el mandatario se haya excedido, no queda obligado el mandante sino cuando lo ratifica expresa o tácitamente”.

Es decir que el que calla otorga. Por eso es tan importante rebelarse. Se entiende que consentimos lo que seguimos soportando. Según el artículo 1733 del Código civil: El mandante puede revocar el mandato a su voluntad (…).

Si ésto lo puede hacer el igual con el igual, ¿qué no puede hacer el pueblo, la fuente de todo poder?. Por eso los tratados hablan del derecho a la insurrección cuando, como dice Julio Anguita, "los que nos movilizamos contra este estado de cosas, somos los únicos que hemos optado por el cumplimiento de la legalidad, cuando son ellos, el gobierno, los poderes económicos, políticos y mediáticos  los que están fuera de la ley . En estos momentos no estamos ante un Estado de Derecho".

Esta rebelión ha de ser desobediente, pacífica pero muy activa, como Gandhi predicaba. Pero debemos trasladar una pregunta certera: ¿quién desobedece?.